Durante más de 10 años, la justicia colombiana ha recibido pruebas demoledoras contra Armando Benedetti, sin duda alguna el operador político colombiano más corrupto de los últimos años.
Sus andanzas con la criminalidad son evidentes. Vínculos con el paramilitarismo, ese mismo que en un abrir y cerrar de ojos le puso un ingente número de votos en los departamentos del sur del país cuando saltó de la Cámara de Representantes al Senado de la República. El propio Salvatore Mancuso en una de sus tantas versiones libres, señaló a Benedetti como uno de los beneficiarios de las AUC. Y sobre ese mismo asunto, hace pocos días, ante la JEP, el exsenador Álvaro Ashton –dirigente del Atlántico– ratificó que el hoy ministro del Interior del narcorégimen petrista tuvo alianzas con esa estructura armada ilegal.
Desde este portal se han evidenciado a lo largo de los últimos 10 años, todas las fechorías de Benedetti Villaneda: la compra de su apartamento que le perteneció al clan mafioso de los Gaitán, a través de una testaferro; el saqueo a la salud en el departamento de Córdoba, el asesinato de José Miguel Chica Chica, principal testigo en ese proceso; las chuzadas ilegales que mandó a hacerles al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a su esposa y al abogado Jaime Lombana Villalba, su participación decidida en el denominado grupo de los bulldozer –congresistas al servicio de Odebrecht–, los movimientos de millones del pesos al exterior –dinero de la corrupción– a través de la empresa estadounidense Western Union, la compra en efectivo de una lujosa mansión en Puerto Colombia, inmueble que aparece escriturado a nombre de la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero quien declara ganarse la vida organizando fiestas infantiles. No obstante, pudo pagar en estricto contado, miles de millones de pesos por la propiedad en cuestión.
Las villanías de Benedetti son infinitas. Él mismo, cuando estaba extorsionando a Petro para que le diera un cargo en el Ejecutivo que le permitiera robar a discreción, le filtró a la revista Semana unos audios en los advierte que a la campaña presidencial petrista ingresaron dineros de la mafia. Sus palabras terminaron siendo definitivas en la decisión recientemente adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, al incluirlo en la Lista Clinton.
Benedetti, visiblemente descompuesto, alega que la decisión del gobierno del señor Trump se debe que él ha defendido a Petro. Excusa absolutamente ridícula. No. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es contundente al afirmar que la medida en contra del hombre fuerte del narcorégimen colombiano se sustenta en la denominada orden ejecutiva –el equivalente a un decreto– 14059 suscrita por el expresidente Biden.
Esa norma establece las sanciones contra las «personas involucradas en el tráfico global de drogas ilícitas». En la parte motiva del documento se lee que «el tráfico internacional de drogas representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos». Para hacerle frente a tamaño desafío, la Casa Blanca le otorga poderes extraordinarios a los Secretarios del Tesoro, Estado y al de Seguridad Nacional; también al Fiscal General para «imponer sanciones a personas extranjeras designadas».
La inclusión en la lista constituye, en la práctica, una suerte de muerte civil. Nadie puede prestarle dinero, colaborarle, prestarle servicios profesionales a Benedetti. El que lo haga, automáticamente entrará a la lista. Por ejemplo, sus abogados en Colombia, para poder cobrar honorarios, previamente deben solicitar una autorización del Departamento del Tesoro. Si no lo hacen, quedarán incluidos en el listado de «personas designadas».
Lo mismo sucede con el oscuro «mecenas» de Benedetti, el siniestro Euclides Torres, quien a partir de este momento no podrá seguir haciendo los desembolsos que regularmente le hace a su compañero de maldades, Armando Benedetti. Al margen de ello, lo cierto es que en las próximas horas habrá noticias en relación con Torres y sus empresas, porque la lista de vinculados a Petro no se limitará a su hijo Nicolás, a Verónica Alcocer y al peligroso ministro del Interior. Al decir popular, esto pica y se extiende.
En esa línea, nadie podrá recibir dinero, pagos, préstamos o pagos de manos de Benedetti.
¿Y la justicia colombiana qué?
No es un secreto que Armando Benedetti ha corrompido a la administración de justicia. Buena parte de las investigaciones en su contra están en manos del tristemente célebre Cesar Augusto Reyes Medina, el siervo de la penumbra judicial.
En la sala de instrucción de la corte suprema se señala que Reyes tiene montado un aparato que se encarga de bloquear cualquier decisión que afecte los intereses de Benedetti Villaneda. El, Reyes, coludido con otros dos togados: Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda, integran la llamada Banda de las 3 R –en referencia a la inicial del apellido de los integrantes de la trama–.
Reyes tiene en su poder el proceso radicado internamente con el número 327, donde Benedetti aparece con un incremento patrimonial de cerca de $3 mil millones de pesos, el cual no ha podido ni podrá justificar. En el marco de investigación, toda la familia del narcoministro petrista está siendo investigada por la fiscalía: sus hermanos, sus padres, sus esposas y colaboradoras cercanas. Son más de 15 personas que están en la mira de la justicia colombiana, y desde hace más de un mes, en la norteamericana.
Curiosamente, el cuestionado magistrado Reyes Medina, a pesar del cúmulo probatorio, ha mantenido el proceso debidamente engavetado. Esa realidad ya está en manos de las autoridades americanas.
Pero lo que es más grave es lo que está sucediendo en la denominada sala de primera instancia de esa misma corte suprema. Desde el mes pasado se instaló el juicio contra Benedetti por el saqueo a Fonade, operación en la que es evidente la manera como ese sujeto metió la mano para favorecer al empresario corrupto y testaferro suyo Juan Carlos Santofimio Vengoechea.
En esa trama, hay evidencias claras de que Benedetti sobornó a una testigo en su contra. No obstante, el magistrado Reyes Medina y sus aliados decidieron permitir que se defendiera en libertad.
El magistrado ponente en ese juicio, Jorge Emilio Caldas Vera tendrá que valorar muy bien qué va a hacer y cómo lo va a hacer, porque sobre él hay más miradas de lo que el propio togado puede imaginar.
La pregunta que hoy muchos se hacen tiene que ver con la suerte judicial de Armando Benedetti en Colombia. Es cierto que durante décadas ha sobornado a fiscales, jueces y magistrados para evitar la acción de la justicia. Pero ahora, cuando está en la mira de los jueces norteamericanos, ¿la judicatura colombiana se arriesgará a seguir encubriéndolo?
Las circunstancias cambiaron drásticamente en las últimas horas. El otrora «poderoso» e «intimidante» Armando Benedetti entró a una categoría superior en el escalafón de la criminalidad: oficialmente es un narcotraficante, y de esa realidad deberá tomar atenta nota la complaciente administración de justicia colombiana. No está de más refrescar un poco la memoria: el funcionario judicial que, por alguna razón o algún concepto reciba dineros de Armando Benedetti, inmediatamente entrará en el radar de las autoridades americanas.
Publicado: octubre 27 de 2025