La sentencia que impone doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez no es un acto de justicia, sino un episodio infame de ajusticiamiento político, ejecutado por una maquinaria judicial cooptada por el proyecto socialcomunista que hoy gobierna Colombia. No hubo un proceso limpio ni objetivo: Uribe fue condenado con pruebas falsas, testimonios fabricados e interceptaciones telefónicas ilegales, en un juicio que desde el principio fue una emboscada. Como si fuera poco, la juez de la causa dio sobradas muestras de ser una sucia y vulgar activista política, movida por odio ideológico, y no una verdadera administradora de justicia imparcial.
No estamos ante un «condenado» en sentido jurídico, sino ante un «secuestrado », retenido por el aparato judicial como rehén de una venganza ideológica. A Uribe no lo juzgaron: lo capturaron judicialmente para exponer su cabeza como trofeo. Lo que han hecho con él es lo mismo que hacen las guerrillas cuando le echan mano a un general del Ejército: enviar un mensaje de terror a sus adversarios. La diferencia es que aquí no hubo selva ni cambuches, sino toga, estrados y Código Penal.
Hablar de condena es concederle legitimidad a un proceso que careció de neutralidad desde sus cimientos. Fue una cacería movida por intereses oscuros, impulsada por sectores que nunca perdonaron que Uribe hubiera desmontado su negocio criminal durante su presidencia. En lugar de pruebas, hubo infamias. En lugar de garantías, hubo emboscadas procesales. Y en lugar de derecho, hubo revancha.
Llamar a Uribe «preso» es un error semántico y moral. No lo está por sus actos, sino por sus ideas. Su liderazgo, su legado y su ascendencia moral sobre millones de colombianos representan un obstáculo insalvable para quienes desean ver al país sumido en la miseria ideológica del socialismo del siglo XXI. Por eso no podían dejarlo libre. Secuestrarlo era la única forma de silenciarlo.
Uribe fue el presidente que enfrentó a las FARC cuando todos les temían. El que reconstruyó la institucionalidad que otros destruyeron. El que se negó a pactar con criminales y a entregar el Estado a las mafias. Hoy, quienes no le perdonan su firmeza ni su éxito lo quieren ver doblegado, humillado, encerrado. Pero no lo han vencido. Lo han secuestrado.
Y como todo secuestrado, Uribe merece ser liberado. No por compasión, sino por justicia. No por cálculo político, sino por restitución moral. Lo que se ha perpetrado contra él no es un fallo judicial, sino un ultraje institucional. Su libertad no es sólo un derecho individual, sino un símbolo para toda Colombia: el símbolo de que la arbitrariedad no puede convertirse en ley, y de que la dignidad no se deja encadenar.
Uribe no está preso por delitos. Está secuestrado por defender a Colombia.
Publicado: agosto 1 de 2025