El asesinato de Miguel Uribe no es solo un crimen atroz contra un hombre joven, padre, esposo y servidor público; es un golpe directo a la columna vertebral de lo que queda de democracia en Colombia. No se trata de un episodio aislado ni de una fatalidad imprevisible: es la consecuencia lógica de un clima de odio político incubado desde el poder y alentado por un presidente que ha hecho de la violencia una herramienta de gobierno.
Miguel no murió por azar. Lo mataron porque representaba un obstáculo, porque encarnaba una alternativa, porque simbolizaba la posibilidad de que Colombia recobrara un rumbo distinto al desastre narcocomunista. Lo mataron porque formaba parte de una generación que, pese a la persecución, se niega a rendirse. Y lo hicieron con la frialdad con que se ejecuta un plan, no con la improvisación de un hecho fortuito.
El Centro Democrático, guste o no, es una de las principales víctimas políticas de este magnicidio. Y si en la cúpula de ese partido todavía no lo han entendido, peor para ellos y peor para el país. La campaña cambió radicalmente. Ya no estamos en un escenario de competencia normal entre fuerzas políticas: estamos en medio de un proceso sistemático de exterminio. El uribismo está siendo objeto de un genocidio político en toda regla: Uribe secuestrado y Miguel asesinado. Y en un genocidio no se participa como si se tratara de una feria electoral; se lucha con la determinación de quien sabe que, si no gana, desaparece.
El partido no puede actuar como si bastara con recorrer plazas, repartir volantes y esperar que el voto de opinión haga el milagro. Esa ingenuidad ya costó demasiado en 2022. La estrategia debe replantearse desde la raíz: la campaña no es solo por votos, es por la supervivencia política y física de una comunidad ideológica. El adversario no compite, liquida física, judicial o moralmente. Y cuando el otro le apuesta a la aniquilación, seguir jugando con reglas de caballeros es la receta perfecta para el suicidio.
El asesinato de Miguel Uribe debe ser el punto de quiebre. O el Centro Democrático asume que esta contienda es existencial y despliega una ofensiva política sin precedentes —audaz, unificada, frontal y capaz de interpelar al país entero—, o quedará reducido a una nota al pie en la historia de un régimen que perfeccionó la eliminación de sus opositores bajo la mirada indiferente de las instituciones.
La muerte de Miguel debe sacudir conciencias, pero sobre todo debe encender alarmas. Hoy el mensaje a los candidatos –militantes o no del CD– es claro: si se es opositor real, la vida corre peligro. Y no se trata solo de figuras nacionales; la persecución va desde líderes regionales hasta ciudadanos que se atreven a levantar la voz.
En democracia, la sangre derramada por un opositor debería provocar un cierre de filas en defensa de la vida y las libertades. Pero en esta Colombia degradada, los aduladores del régimen se apresuran a justificar, banalizar o relativizar el crimen. Los mismos que se llenan la boca hablando de paz y pidiendo «morigerar el lenguaje», guardan silencio cuando la víctima pertenece al bando equivocado.
Este asesinato no es solo una tragedia personal y familiar. Es un campanazo de advertencia, si en 2026 no se ganan las elecciones, no quedará nadie a quien proteger ni ideas por las cuales luchar. La reflexión debe hacerse con madurez y serenidad: ¿Los precandidatos que hoy tiene el partido de Uribe están a la altura de las circunstancias?
El uribismo, y todo aquel que aún crea en la libertad, debe entender que la batalla que tiene enfrente no es por curules o por la silla presidencial: es por la existencia misma de la democracia en Colombia.
@IrreverentesCol
Publicado: agosto 15 de 2025