Colombia atraviesa la peor de las degradaciones morales. No se trata solamente de un retroceso institucional o de una crisis pasajera en las costumbres políticas: es un envilecimiento generalizado que corroe la vida nacional desde sus cimientos. La mentira, el odio y la impunidad se han convertido en moneda corriente. El país se desliza peligrosamente hacia un estado donde la desvergüenza es premiada, la corrupción se normaliza y el crimen se celebra. Se ha llegado a un punto en el que el descaro de los delincuentes, convertidos en jefes políticos y referentes sociales, supera con creces la tibieza de las instituciones y el silencio cómplice de muchos sectores que, por comodidad o cobardía, han decidido callar.
Con el país bajo el mando de Petro, verdadero emblema de la decadencia ética que ha sembrado la extrema izquierda, Colombia se encuentra atrapada en el peor de los escenarios. En manos de la más oscura cuerda de delincuentes, el territorio nacional es hoy un terreno abonado para la manipulación ideológica y el saqueo institucional. Desde las altas esferas del poder se impone la narrativa de los criminales: terroristas convertidos en parlamentarios, cabecillas del narcotráfico disfrazados de «líderes sociales» o «gestores de paz», corruptos que se erigen como guardianes fingidos de unos principios que jamás han respetado. La democracia, que alguna vez intentó consolidarse con sacrificios inmensos, ha sido puesta al servicio de mafias políticas y de un radicalismo que utiliza la legalidad únicamente como máscara de su ilegitimidad. El resultado es una nación maniatada, incapaz de reaccionar, donde quienes deberían estar purgando largas condenas se pasean con arrogancia en los salones del capitolio y dictan cátedra de democracia.
En medio de este panorama, Álvaro Uribe Vélez acierta cuando advierte que, si no se corrige el rumbo de inmediato, Colombia se pierde. Y no es una frase retórica ni una hipérbole proselitista: es una descripción cruda de la realidad. Una democracia débil, acosada por la corrupción, sometida a la presión de grupos criminales y reducida a un espectáculo populista, está condenada a perecer.
Las democracias no mueren de un día para otro; agonizan lentamente, sofocadas por la indolencia ciudadana, por la manipulación mediática y por la fuerza brutal de quienes convierten la violencia en política. Uribe, con su experiencia y con su lucidez, se ha dado a la tarea de recordar que no hay tiempo para la pasividad: el país está en una encrucijada decisiva.
La candidatura presidencial de Iván Cepeda es, en este contexto, la muestra perfecta de la atonía moral que padece Colombia. No es casual que el heredero político de una tradición ligada a la exaltación de la violencia se erija hoy como aspirante a la primera magistratura. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue un validador del uso de la violencia. Como dirigente del Partido Comunista Colombiano, justificó abiertamente la combinación de todas las formas de lucha y jamás condenó el terrorismo de las Farc.
Por supuesto, debió haber sido la justicia colombiana la encargada de investigarlo y sancionarlo penalmente; lo que no puede ser aceptable es su asesinato a manos de los paramilitares, una forma de justicia extrajudicial que degrada aún más al Estado de Derecho. Dicho esto, es indispensable subrayar que los hijos no tienen responsabilidad alguna por las actuaciones de sus padres. Pero Iván Cepeda, a lo largo de su vida pública, ha mostrado una complacencia evidente con las Farc. Sus actuaciones, sus discursos y sus justificaciones, disfrazados bajo un supuesto respaldo a la paz y la defensa aparente de los «derechos humanos», han sido en realidad una convalidación del proyecto de ese grupo terrorista.
Ese legado se expresa incluso en la historia sangrienta de la brutal columna móvil Manuel Cepeda Vargas de las Farc, que cometió algunos de los crímenes más atroces de la guerrilla. Ahí está el secuestro de 126 persona en el alto de Anchicayá en 1999; el secuestro que terminó en masacre, de los diputados del Valle del Cauca; las tomas violentas que durante más de diez años azotaron al Huila y al Caquetá; las voladuras de viviendas y el asesinato de funcionarios de elección popular. Todos estos crímenes fueron ejecutados bajo el estandarte de un nombre que hoy, paradójicamente, se exhibe como credencial política.
En la clave teológica que ofrece Joseph Ratzinger, el mal radical no es una fuerza abstracta ni un simple error moral, sino la decisión consciente y estructural de organizar la historia contra Dios y contra la dignidad del hombre, disfrazando la iniquidad con ropajes de redención política. A la luz de esta categoría, la figura de Iván Cepeda en Colombia se vuelve paradigmática: ha hecho de la mentira institucionalizada, de la persecución sectaria y de la manipulación de la justicia un sistema ordenado no al bien común, sino a la aniquilación del adversario. No se trata ya de la corrupción episódica de un político, sino de la construcción de un proyecto que busca reescribir la verdad, invertir el orden moral y erigir un poder sin límites bajo la máscara de los derechos humanos. En este sentido, Cepeda encarna lo que Ratzinger advertía como el mal radical en su versión contemporánea: un pseudomesianismo secular, que pretende salvar a la nación mientras en realidad la esclaviza a la mentira y al odio.
Así las cosas, la campaña presidencial que comienza no es una competencia normal entre proyectos políticos. Es una emulación dramática entre el bien y el mal, entre quienes representan la defensa de la institucionalidad y quienes encarnan la destrucción de la misma. El uribismo, con todas las imperfecciones que pueda tener, simboliza el esfuerzo por rescatar al país de la vorágine criminal, por reconstruir la seguridad y por mantener viva una democracia que, aunque herida, todavía puede salvarse. La extrema izquierda, en cambio, y particularmente Iván Cepeda, representan la consolidación del proyecto criminal que las Farc no lograron imponer por las armas y que ahora pretenden consumar con los votos, manipulando conciencias y cooptando adhesiones.
Colombia no puede equivocarse en esta hora crucial. La disyuntiva es clara: o se recupera el rumbo con firmeza y se reafirma el compromiso con el Estado de Derecho, o se entrega el país, sin resistencia, a quienes hicieron del crimen su doctrina. El uribismo debe comprender que más allá de sus diferencias internas y de las campañas de desprestigio que lo han golpeado, encarna la única fuerza capaz de erigirse como muro de contención capaz de detener la destrucción total de la nación. Y los ciudadanos deben reconocer que el voto no es un acto de indiferencia, sino la decisión moral más importante de su época.
En definitiva, la candidatura de Cepeda no es un episodio más en la larga historia política del país: es la evidencia palpable de hasta dónde se ha caído en la degradación. Pero también es una advertencia: si Colombia aún conserva un vestigio de dignidad, deberá elegir con claridad entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el totalitarismo, entre la vida y la muerte.
Publicado: agosto 25 de 2025