La historia del derecho penal está marcada, como pocas disciplinas jurídicas, por una tensión ineludible entre civilización y barbarie. Mientras las naciones se han esforzado por construir sistemas judiciales que garanticen el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto por la dignidad humana, la tentación de utilizar el aparato penal como un látigo contra los adversarios ha estado siempre al acecho. Hoy, Colombia asiste a un nuevo y escandaloso capítulo de esa degradación: el uso del sistema de justicia como herramienta de persecución contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, símbolo para millones de colombianos, y blanco preferido de una élite ideologizada con aspiraciones de tribunal revolucionario.
Este fenómeno no es nuevo. La historia está sembrada de ejemplos donde el poder judicial ha sido instrumentalizado para acallar, doblegar o destruir políticamente a quienes resultaban incómodos al régimen de turno. El caso del juicio a Sócrates, condenado a beber la cicuta por «corromper a la juventud» y «no respetar a los dioses de la ciudad», es uno de los más antiguos y conocidos. En realidad, el filósofo fue eliminado por ser un disidente, un incómodo cuestionador del orden ateniense. La sentencia fue legal, pero profundamente injusta. Así comienza el linaje de las legalidades infames.
Muchos siglos después, la Revolución Francesa ofreció un espectáculo aún más brutal de esta distorsión de la justicia. María Antonieta de Austria, reina de Francia y símbolo del ancien régime, fue sometida a un juicio que es paradigma del derecho penal del enemigo. Tras la ejecución de su esposo, Luis XVI, la Convención Nacional necesitaba otro chivo expiatorio. La acusaron de traición, conspiración, despilfarro, corrupción moral y hasta incesto. No hubo pruebas. Solo odio y propaganda.
El Tribunal Revolucionario, presidido por el implacable Herman, redujo el proceso a una farsa. A la reina se le asignaron defensores de oficio, Claude Chauveau-Lagarde y Tronson du Coudray, quienes osaron cumplir con su deber y plantear objeciones jurídicas al atropello. El resultado fue previsible: tras la ejecución de María Antonieta, sus abogados también fueron perseguidos, y uno de ellos encarcelado, por el simple delito de ejercer su profesión. Defender al enemigo era, para la lógica revolucionaria, ser cómplice del crimen.
Así opera el derecho penal del enemigo. El concepto, desarrollado por Günther Jakobs, no busca juzgar conductas, sino exterminar personas a las que se despoja de su condición ciudadana. Ya no se castigan hechos, sino identidades. El enemigo no es procesado: es neutralizado. La justicia deja de ser un mecanismo de equilibrio y se convierte en una herramienta de guerra.
Jakobs lo formuló con frialdad académica, pero con una claridad aterradora: el derecho penal del enemigo supone que ciertas personas, por su peligrosidad percibida, deben ser tratadas no como sujetos de derechos sino como amenazas a las que hay que extirpar. A su juicio, el Estado actúa no en nombre de la justicia, sino en defensa de su propia seguridad. En otras palabras, se suspenden los principios del derecho penal liberal para instaurar una lógica bélica dentro del proceso penal.
Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Argentina y referente en materia penal, denunció esta doctrina como una perversión jurídica. Afirmó con razón que «el derecho penal del enemigo convierte a los jueces en soldados y a los fiscales en verdugos». En su obra La cuestión criminal, Zaffaroni advierte que esta mutación autoritaria se da, con frecuencia, bajo formas democráticas, lo que la hace más peligrosa: el ropaje institucional encubre la arbitrariedad.
En Colombia, la judicialización de la política ha alcanzado niveles grotescos. Álvaro Uribe ha sido el objetivo de una cacería sin precedentes, en la que no importaron los hechos, las pruebas o la ilegalidad de los procedimientos emprendidos en su contra, sino el dogma ideológico de quienes quieren aniquilar su influencia histórica y moral. La condena anunciada en su contra es una vulgar muestra de cómo el poder judicial, cuando deja de ser ciego, comienza a mirar con odio y con saña. Acá no se juzgaron hechos, sino a la persona. No se ponderaron las pruebas, sino las afinidades políticas. La juez Heredia no vistió una toga, sino una capa ideológica. Ella hizo de su despacho judicial un escenario de escarnio político.
La juez no quiso conocer la verdad, ni impartir justicia. Ella hizo lo que Petro, el narcotráfico, el terrorismo y la plaga socialista que se expande por Colombia demandaba: acabar con quien encarna un proyecto de nación que el crimen organizado necesita borrar del horizonte político.
Los colombianos no presenciaron un acto de justicia, sino de ajusticiamiento.
Los artífices de la persecución contra Uribe se presentan como guardianes de la ética republicana, pero actúan con la lógica de los inquisidores. Pretenden salvar la democracia silenciando al más importante líder político de las últimas décadas.? ¿Qué tipo de República es aquella en la que se castiga al contradictor, no con argumentos, sino con la celda o la infamia? Los que no pudieron vencer a Uribe en las urnas, lo doblegaron por medio de un juicio amañado y presidido por una sucia prevaricadora.
Lo que aquí está en juego no es la justicia, sino la instrumentalización del sistema judicial para fines vengativos. Lo verdaderamente grave no es solo lo que le están haciendo a Uribe, sino lo que este caso revela sobre el colapso del orden jurídico en Colombia. La politización de los jueces y fiscales erosiona la confianza en las instituciones y acerca peligrosamente al país a un Estado de excepción disfrazado de normalidad constitucional.
En 1974, Solzhenitsyn escribió: «El mayor crimen del totalitarismo no es matar al cuerpo, sino envenenar el alma de la justicia». Hoy, la persecución contra Álvaro Uribe tiene menos que ver con los hechos que con el odio. Es un acto de pedagogía macabra: mostrarle al país lo que le ocurre a quien se atreve a enfrentar al terrorismo y a la extrema izquierda. Quien en el futuro quiera hacerlo, ya está notificado: terminará con sus huesos en un ignominioso calabozo.
El derecho penal, concebido para proteger al ciudadano frente al poder, ha sido convertido en un arma para destruirlo. La justicia, cuando se pervierte, se transforma en una forma de tiranía. Y Colombia, si no reacciona a tiempo, podría encontrarse muy pronto con que el próximo enemigo a neutralizar no será un expresidente, sino cualquier ciudadano que piense distinto.
Publicado: julio 28 de 2025