Pocas figuras en la historia política de Colombia han generado tanta repulsión y desconfianza como Piedad Córdoba. Y lo más escalofriante es que ni siquiera su muerte ha logrado detener el flujo de escándalos, mentiras y delitos que arrastraba. Por el contrario, aunque ha pasado más de un año de su fallecimiento, siguen saliendo a la luz detalles aún más oscuros de su actividad criminal, sus pactos con mafias y su rol activo en la estrategia sistemática de persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A diferencia de otros personajes cuya muerte genera respeto o silencio, el caso de Córdoba produce lo contrario: una urgente necesidad de justicia. Porque su legado no es el de una luchadora social ni el de una activista de paz, como algunos intentan vender. Su legado es el de la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la manipulación y el uso del poder para fines delictivos.
Una de las verdades más aberrantes que hoy se confirma es que Piedad Córdoba fue pieza clave en el montaje judicial contra el expresidente Uribe. Su estrategia fue simple, pero perversa: ofrecer beneficios, protección y dádivas a delincuentes para que declararan falsamente contra el exmandatario. Buscó testigos en cárceles, negoció con bandidos, redactó relatos falsos y los presentó como verdades reveladas. La historia la terminó alcanzando: algunos de esos testigos se retractaron y otros denunciaron la presión y el chantaje a los que esa delincuente los sometió.
Lo más grave es que Córdoba lo hizo con alevosía y apoyo de estructuras criminales. No actuaba sola. Tenía respaldo logístico, político y económico de la narcodictadura venezolana. Sus vínculos con la mafia no eran una sospecha; eran parte de su operatividad política. Fue señalada de ser intermediaria de dinero sucio, de participar en redes de financiamiento ilegal de campañas y de recibir dádivas de mafiosos a cambio de impunidad. Jamás podrá olvidarse su liderazgo en el denominado pacto de La Picota, operación delincuencial que facilitó el triunfo de Gustavo Petro en 2022.
Se vendió como gestora de paz, pero operaba como traficante de influencias y emisaria de intereses criminales. Lo suyo no era la reconciliación, sino la infiltración. No buscaba liberar secuestrados, sino capitalizar políticamente cada negociación. Convirtió la tragedia del secuestro en herramienta de chantaje político. Los hechos son contundentes y los documentos son claros: Piedad Córdoba se sirvió de la guerra para construir poder personal, fama y riqueza.
Después de su muerte han surgido evidencias contundentes que confirman lo que durante años muchos se denunció: que su fortuna no tiene origen lícito, que su ascenso político fue financiado con plata sucia y que usó su investidura para delinquir.
Aquí no cabe el argumento de que como «ya está muerta» no se le puede cuestionar, puesto que el daño que causó sigue vivo y prueba de ello es lo que se ha registrado en el infame juicio que se adelanta contra el presidente Uribe y en el que reiteradamente se mecniona el nombre de esa peligrosa mujer, como autora del complot contra el exmandatario colombiano. Los cómplices de Teodora aún disfrutan de la impunidad que ella promovió. Y, sobre todo, porque los recursos que acumuló, los bienes que adquirió, las cuentas que manejó, siguen ahí, sin que el Estado haya actuado con firmeza. Sus hijos hoy gozan de una herencia maldita que debe ser destinada a la reparación de las muchas víctimas de esa mujer.
Es absolutamente necesario que la justicia colombiana inicie de inmediato el proceso de extinción de dominio sobre todos los bienes de Piedad Córdoba. No como un acto simbólico, sino como una medida efectiva de recuperación del daño económico que le causó al país. Cada finca, cada apartamento, cada cuenta bancaria, cada obra de arte y cada activo debe ser investigado. Porque el dinero con el que se enriqueció no provino del trabajo honrado, sino de sobornos, de comisiones asquerosas, de secuestros, de dinero del narcotráfico y de extorsiones.
No se trata de venganza, se trata de justicia. Porque Colombia no puede seguir siendo un país donde los muertos se van con todos sus pecados y los vivos heredan sus fortunas ilícitas sin consecuencia alguna.
La justicia tiene la palabra. Y el país tiene el derecho a la verdad, a la reparación y a la transparencia. Que Piedad Córdoba no descanse en paz hasta que sus víctimas no sean reparadas integralmente. Que la historia no la absuelva. Y que la ley la persiga hasta después de muerta.
Publicado: mayo 28 de 2025