El caso contra el doctor Luis Carlos Restrepo debe ser entronizado en la galería dedicada a las grandes ignominias de la historia de Colombia.
Antes de entrar a analizar la sentencia absolutoria que se conoció la semana pasada, es importante hacer un breve recuento de lo sucedido.
Restrepo es, sin lugar a dudas, uno de los mejores psiquiatras que ha tenido Colombia. Su solvencia moral y profesional fue retribuida con el reconocimiento y el respeto por parte de los sectores más acatados de la academia mundial.
Preocupado desde su juventud por el efecto devastador de la violencia, sus libros y artículos se constituyeron en un punto de referencia a la hora de abordar el estudio de ese fenómeno.
Álvaro Uribe, logró vincular a su primer gobierno a las mejores personas para ocupar los cargos de mayor importancia. El nombramiento del Alto Comisionado para la Paz destacaba entre los más relevantes. En la campaña que lo llevó al poder en 2002, aseguró estar dispuesto a negociar con todas las estructuras armadas ilegales, siempre y cuando mediara un cese de hostilidades por parte de aquellas.
Los colombianos, agobiados por los abusos de las Farc durante los años oscuros del «Caguán», querían la paz, pero sin concesiones inauditas a los violentos.
El hombre indicado para poner en marcha la política de paz de Uribe era Luis Carlos Restrepo. Entendía a cabalidad hacia dónde quería Uribe llevar al país, comprendía perfectamente que la paz era posible sin debilitar al estado de derecho, pero, sobre todo, tenía la capacidad para convencer a los ilegales de que había llegado la hora de ponerle punto final al uso de la violencia.
Su desempeño como ejecutor de la política de paz del gobierno fue la materialización de la consigna de la «mano firme y el corazón grande». Su método de trabajo fue riguroso, disciplinado, sin dobles agendas y con apego absoluto a la ley. Restrepo demostró que sí era posible dialogar con grupos armados, sin salirse un milímetro de las normas.
Quienes lo acompañaron en el desempeño de sus funciones, pueden certificar su transparencia e integridad.
Los resultados hablan por sí mismos: Restrepo logró concretar la desmovilización grupal de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todas las estructuras del mal llamado paramilitarismo, con excepción de una sola, entregaron sus armas, desactivaron sus redes y se vincularon a un proceso de reincorporación a la vida civil. Estamos hablando de alrededor de 30 mil hombres.
Paralelamente, proporcionó las condiciones para que más de veinte mil guerrilleros se desmovilizaran de manera individual, o a través de grupos reducidos, como ocurrió con una estructura denominada «Cacica la Gaitana», adscrita al «comando conjunto central Adán Izquierdo» de las Farc.
El proceso tuvo lugar entre noviembre de 2005 y marzo de 2006. El cabecilla de ese grupo ilegal, alias Olivo Saldaña, desde una cárcel contactó a funcionarios del gobierno Uribe para manifestar su disposición de desmovilizarse junto a los más de 60 integrantes de la organización.
Las dependencias adscritas a la inteligencia de las Fuerzas Militares, validaron la existencia de esa organización que delinquía fundamentalmente en el Tolima, departamento en el que estaba ubicado el jefe terorrista alias Alfonso Cano.
El Comisionado de Paz no es un agente de inteligencia, ni un inspector. Es un funcionario político cuya función central consiste en verificar la voluntad de paz de un grupo armado ilegal y proceder, aplicando las leyes vigentes, a su desmovilización y entrega de armas.
Culminado el gobierno de Uribe, empezó el calvario para Restrepo. Santos, a través de su sicaria judicial Viviane Morales, desató una brutal persecución en contra de quien fuera uno de los funcionarios más destacados durante siete de los ocho años de la administración uribista.
Desde la fiscalía general, Viviane Morales prefabricó un proceso contra Luis Carlos Restrepo. A través de una sucia maniobra, buscó neutralizar al exfuncionario que venia denunciando públicamente ilegalidades cometidas por su esposo, el mercenario Carlos Alonso Lucio y ella misma, antigua asesora jurídica de bandas narcotraficantes como la del extinto paramilitar alias Ernesto Baez, cabecilla del denominado «Bloque Central Bolívar».
El ajuste de cuentas no se hizo esperar. Restrepo denunciaba con verdades y la señora Morales de Lucio reaccionó con montajes judiciales, inventando una imputación de cargos en la que presentó al impecable doctor Restrepo como si fuera un peligroso delincuente. Le achacó una nauseabunda colección de delitos: prevaricato por acción; fraude procesal; peculado por apropiación a favor de terceros y fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Como es natural, y ante el evidente trasfondo político de ese montaje, el doctor Restrepo se vio forzado a salir de Colombia y buscar protección en otro país.
La fiscal Morales, desesperada por acabar con él, buscó falsos testigos haciendo ofrecimientos de toda naturaleza.
Morales no fue la única delincuente involucrada en esa frenética cacería de testigos falsos contra Restrepo. La semana pasada, durante el juicio que se adelanta contra el expresidente Uribe, compareció en el estrado alias Olivo Saldaña –comandante del «Cacica la Gaitana»– quien hizo afirmaciones extremadamente delicadas como las promesas hechas por Piedad Córdoba –quien sigue delinquiendo después de muerta– a cambio de que mintiera contra el excomisionado.
Hay que decirlo con todas sus letras: la fiscalía colombiana es un antro de corrupción. El montaje contra Luis Carlos Restrepo se estructuró por instrucciones directas de Viviane Morales de Lucio, pero después de ella hubo tres fiscales generales, y ninguno se atrevió a demoler ese entramado. Montealegre, Martínez y Francisco Barbosa por complicidad, pusilanimidad o cobardía, permitieron que la ignominia continuara echando raíces.
Se lee en la sentencia absolutoria proferida el pasado 16 de mayo por el juzgado primero penal de Bogotá, que «…tanto el ente acusador [fiscalía] como las defensas técnicas de los procesados coincidieron en solicitar un fallo absolutorio…».
Que la fiscalía haya pedido formalmente que Restrepo fuera absuelto, es prueba suficiente del burdo montaje del que él fue víctima durante más de 14 años, tiempo en el que su vida fue mancillada, su hoja de vida pisoteada, su prestigio vilipendiado y su familia perseguida. No hay indemnización que repare el daño que el Estado colombiano le causó a ese ciudadano.
La teoría procesal indica que la justicia debe ser pronta, cumplida e imparcial. La juez del caso llegó a la conclusión de que la fiscalía en ningún momento logró acreditar «en forma clara, completa y suficiente los hechos que sustentan la acusación», cuando semejante obviedad fue rutilante desde el primer instante. No obstante, Restrepo fue sometido a un cruel maltrato durante casi tres lustros.
El excomisionado tuvo que defenderse en solitario. Fueron muy pocos los que estuvieron a su lado respaldándolo, apoyándolo y acompañándolo durante su tragedia personal.
Tras el regreso del «uribismo» al poder, encarnado en Iván Duque –el presidente impuesto por el doctor Uribe–, la primera decisión del nuevo gobierno fue premiar a quien persiguió con saña a Restrepo: Viviane Morales, enviada con honores como embajadora en Francia.
En una próxima entrega, se resaltarán los aspectos de mayor relevancia de la sentencia que cerró definitivamente el capítulo de sufrimiento que ha vivido Luis Carlos Restrepo.
Publicado: mayo 18 de 2025