Parafraseando a Marx, en Colombia la historia del secuestro se repite: primero como tragedia, luego como calamidad. Durante seis décadas, las guerrillas marxistas FARC y ELN han convertido el secuestro en una práctica sistemática, justificándola como un medio “legítimo” para financiar sus guerras “revolucionarias” o de “liberación”.
Lo que comenzó como un exabrupto ideológico de los comunistas colombianos, que veían en el rapto de personas adineradas una forma natural de costear su “lucha”, se transformó en una industria criminal que aún persiste.
La génesis de esta aberración está documentada por los propios guerrilleros. Álvaro Delgado, exmiembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, relató en su libro Todo tiempo pasado fue peor cómo lideró una facción opuesta al secuestro, enfrentándose a Manuel Cepeda, defensor de esta práctica. Las tensiones fueron tales que Delgado, amenazado de muerte, renunció. Sin embargo, el secuestro no solo perduró, sino que se institucionalizó en las filas de las FARC y el ELN, con episodios tan graves como el secuestro de aviones, perpetrado por un alto funcionario del actual gobierno, o el de los diputados del Valle del Cauca, planeado y dirigido por un senador de la bancada oficialista.
Hoy, la indolencia del gobierno y de la bancada oficialista en el Congreso, donde antiguos líderes guerrilleros ocupan cargos, perpetúa la tolerancia hacia el secuestro. Para ellos, este delito no merece persecución ni castigo, sino “comprensión” y “acuerdos humanitarios”. Desde púlpitos, micrófonos y foros internacionales, los herederos ideológicos de las guerrillas insisten en que los secuestradores son luchadores por la paz, merecedores de empatía y no de justicia, como lo expresó el presidente Petro ante una ministra del gobierno de Donald Trump.
En contraste, Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático han encarnado la resistencia a esta narrativa. Su política de Seguridad Democrática marcó un hito en la lucha contra el secuestro. En los años noventa, como gobernador de Antioquia, Uribe enfrentó con valentía a los secuestradores, denunciando incluso a Werner Mauss, un intermediario alemán vinculado al ELN. Mauss fue detenido en 1996 tras una tormenta política que enfrentó a Uribe con el entonces presidente Samper y la “progresía” mundial, defensora del negociador.
Tres décadas después, la lucha persiste. El reciente secuestro de Juan Gonzalo Vélez en Concordia, Antioquia, evidenció la vigencia de esta lacra, encubierta como resistencia política contra los ricos. El actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, actuó con celeridad, coordinando con el Gaula del Ejército y la Policía un operativo que logró la liberación de la víctima. En sus declaraciones, Rendón fue contundente: “Este es el regreso al pasado y lo que acontece cuando se contemporiza con criminales”. Además, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para capturar a los responsables. El presidente Gustavo Petro, por su parte, optó por el silencio.
La pronta liberación de Vélez es un triunfo de la Fuerza Pública y un recordatorio de que la Seguridad Democrática, pilar del uribismo, sigue siendo la respuesta frente a la indolencia y la complicidad. Mientras las guerrillas y sus defensores persistan en romantizar el secuestro, Colombia permanecerá atrapada en un ciclo de violencia.
La libertad, como proclamó el gobernador Rendón, debe prevalecer. Para ello, la lucha contra los secuestradores seriales no puede ceder.