Un principio elementalísimo de la democracia, que hasta un estudiante de primero de bachillerato domina es el de la división de poderes.
Los pesos y contrapesos son la garantía de la supervivencia del régimen de libertades. En un sistema como el colombiano, el Ejecutivo tiene la iniciativa legislativa, el Congreso debate y decide si aprueba o no el proyecto y la rama judicial, a través de la Corte Constitucional, hace la evaluación respecto de la constitucionalidad de la norma que emana del Legislativo. Fácil.
Una vez se conoció que la Comisión Séptima del Senado se apresta a hundir la reforma pensional propuesta por el gobierno, Petro reaccionó como un psicópata amenazando con desatar una oleada de violencia. A través de su cuenta en la red social X, afirmó que “La comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes (sic) fueron lo que los que (sic) lo han traicionado…”.
Su publicación estuvo acompañada por otra en la que sentenció que “si la comisión VII hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno”.
Es natural que a un sujeto efervescente y violento como Petro le cueste entender que la vida en democracia implica la aceptación rigurosa de las decisiones que son adversas a los intereses de su gobierno. Valga hacer un paralelismo con la actitud respetuosa e institucional adoptada por el expresidente Uribe cuando en 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo con el que se pretendía modificar la Carta para efectos de habilitar una nueva reelección. Impertérrito, Uribe conoció la noticia y de inmediato compareció ante los medios de comunicación, para notificar su acatamiento de la decisión que le impedía presentar su nombre en las elecciones de aquel año.
Resulta tremendamente grave que el presidente de Colombia estimule el uso de la violencia contra los legisladores. Ellos gozan de autonomía y sus decisiones son inviolables.
Utilizando las expresiones del socialcomunismo colombiano, “Petro dio la orden”. Orden de atentar contra los senadores que no cedieron ante las presiones del corrupto Armando Benedetti, apresurándose a anunciar que votarán a favor del archivo del proyecto de reforma pensional.
Hizo bien el presidente del Senado Efraín Cepeda al notificar que acudirá ante instancias internacionales para buscar la protección de los congresistas que ahora están en la mira de la patulea petrista, esa misma que en el pasado reciente desató una oleada violenta que se tradujo en incendios, bloqueos y homicidios.
Que el mundo entero lo sepa: lo que le suceda a los senadores que hundieron la reforma, es responsabilidad absoluta de Gustavo Petro.
Esta amenaza del presidente de Colombia no es un asunto menor. Se ha presentado en momentos en que misteriosamente los vehículos oficiales en los que se transportan los opositores sufren aparatosos accidentes, como acaba de ocurrir con el doctor Germán Vargas.
Que no se olvide que la Unidad Nacional de Protección es dirigida por el siniestro Augusto Rodríguez, un peligroso terrorista del M-19 que durante muchos años hizo las veces de “gatillero” de esa banda delincuencial.
Publicado: marzo 12 de 2025