El anuncio de Petro de convocar a una consulta popular para indagar por los asuntos que contenía la reforma pensional que fue hundida por ocho valientes senadores de la comisión séptima del senado que no se dejaron chantajear ni sobornar por el peligroso Armando Benedetti, anticipa el inicio de la campaña política.
Mucho se ha hablado del procedimiento fijado por la ley para darle trámite a una consulta popular. Es un proceso sencillo, pero exigente en términos de participación y respaldo. El gobierno presenta una proposición ante la plenaria del Senado con las preguntas que van a ser sometidas a consulta. No pueden ser articulados ni reformas constitucionales. Se trata, según el espíritu de la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana, de preguntar por asuntos de interés general respecto de políticas públicas. Nada más.
Si la mayoría calificada vota favorablemente la proposición -Benedetti ya debe estar comprando a los congresistas necesarios para ese fin-, el gobierno tiene 90 días para organizar, de la mano de la Registraduría la votación de la consulta.
La ley fija un umbral del 33% del censo electoral, lo que significa que para que la iniciativa petrista prospere se necesita que 13.6 millones de personas la voten. Y para ser aprobada, es preceptivo que el cincuenta porciento más un voto sea a favor. 6.8 millones de votos.
Lo cierto es que Petro no está pensando en la reforma pensional. Él quiere hacer de esa consulta un plebiscito sobre su gobierno. Será, por decirlo de alguna manera, una “pre primera” vuelta. Si por alguna razón logra sacar adelante su iniciativa, su candidato llegará supremamente fuerte a las elecciones del año entrante.
La oposición tiene entonces dos únicas alternativas: hacer, como en el plebiscito de 2016, campaña por el NO, o estimular la abstención.
La segunda opción es la más inteligente y estratégica. Hay que dejar que Petro le muestre al país realmente cuánta gente tiene a su favor. Quienes están con él, que salgan a votar esa consulta y quienes no lo están, que se queden en su casa viendo televisión.
La extrema izquierda no podrá decir nada en contra de la decisión de abstenerse. No podrá fustigar ni criminalizar a quienes decidan no votar.
Y no lo pueden hacer, porque en 2003, cuando el gobierno Uribe propuso el famoso referendo, toda la izquierda se volcó hacia la promoción de la no participación. El entonces candidato izquierdista a la alcaldía de Bogotá, el beodo Luis Eduardo Lucho Garzón, repetía en sus mítines de campaña que, de cara a las elecciones, “el sábado -día en que se votaba el referendo- de locha (expresión barriobajera de pereza) y el domingo de Lucho”. Petro, que en esa época era representante a la Cámara, invitaba a no votar el referendo, iniciativa que fustigaba alegando que su realización “era un derroche de dinero”.
Petro asegura ser un gobernante inmensamente popular. Si aquello es cierto, que sean los suyos los que voten la consulta. Los números, en el entendido de que la Registraduría no manipule los resultados, se encargarán de darle la razón o de desmentirlo.
Publicado: marzo 14 de 2025