Pensando en que a Petro no le faltan sino algo más de 500 días para pasar al basurero de la Historia, es preciso seguir destacando propuestas que el país necesita abordar con la fe de que tendremos la oportunidad de rectificar el rumbo. Al fin y al cabo, a Petro la presidencia lo ha hecho muy “infeliz”, según ha dicho, y es nuestra obligación moral evitarle tantas tristezas, amarguras y sinsabores que lo puedan llevar de verdad a buscar atención en una clínica a medianoche.
En ese sentido, hay que prestar atención a la propuesta de la senadora María Fernanda Cabal de construir cárceles. Es que su necesidad es evidente. La negativa de construir cárceles se parece mucho a la lógica petrista según la cual si a un delito se le deja de considerar como tal, entonces esta conducta punitiva desaparece y deja de presionar los índices de criminalidad. Es decir, si el robo de celulares deja de tipificarse en el código penal, ya no será delito que a uno se lo rapen en la esquina aunque se aumente la cantidad de teléfonos ‘despojados’ a sus dueños y con violencia, acrecentando la percepción de inseguridad.
De esa misma manera se ha querido alterar la realidad en Colombia con respecto a las cárceles desde hace más de una década. Y a pesar de que no somos Dinamarca, ha corrido mucha agua bajo el puente desde la última inauguración de una penitenciaría en el país. Nos han vendido el cuento de que no se necesitan. Por el contrario, abundan los indiciados y condenados aunque tenemos una impunidad de más del 95%, pero hay un desdén hacia las penas intramurales que nos ha llevado a catalogar de ‘populismo punitivo’ el hecho de reclamar tiempo de cautiverio para, al menos, los delitos más graves y los delincuentes más peligrosos.
Hemos permitido que la misma clase política que tiene por causa crear el caos para pescar en río revuelto, nos venga a dar cátedra con el argumento de que las condenas penales no deben constituirse en una venganza y, por lo tanto, no deberían ser muy largas ni pagarse en reclusión, y que para combatir el hacinamiento carcelario, tanto en prisiones como en sitios de detención temporal, es preciso liberar delincuentes y otorgar generosamente el beneficio de casa por cárcel.
Semejante clima de impunidad ha hecho que miles de delincuentes paguen pena en sus casas con tan escasa supervisión del Inpec y los demás organismos de seguridad del Estado, que estos individuos hacen literalmente lo que se les viene en gana y salen de su morada en cualquier momento porque el brazalete electrónico que portan no sirve para detectar su ubicación. Incluso, muchos presos que reciben el beneficio de prisión domiciliaria tienen permiso para trabajar fuera de su hogar y salir a cualquier hora, lo que desdibuja el sentido del castigo: si no hay encierro, ¿en qué consiste el sanción?
¿Cómo puede ser posible que un corrupto como el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, esté pagando en su casa una condena de 21 años con el argumento de que es ‘padre de familia’? Así es muy difícil que su caso sirva de escarmiento para que otros funcionarios lo piensen antes de malversar los dineros públicos. Es muy mal mensaje que los delincuentes puedan acordar una sustanciosa rebaja de penas por ‘colaboración’, que los dejen purgar pena en sus cómodas residencias y que no se les exija la devolución hasta del último centavo o que, en su defecto, no se les incauten sus bienes. Aquí los corruptos pueden disfrutar lo que robaron cuando cumplen sus moderados castigos, lo que es una invitación a robar.
Las sociedades no se inventaron las penas de cárcel como una venganza contra el infractor sino como un medio para contener el crimen, pero su efecto disuasivo se pierde si la tendencia es perdonarle el castigo de rejas a casi todos los delincuentes sin distinguir su peligrosidad y la gravedad del delito cometido. Hay que construir más cárceles porque se necesitan, porque el castigo intramural es fundamental para erigir una sociedad donde se respeten las normas y no una donde la gente se pasa todas las leyes por la faja por el mero hecho de poderse pagar un buen abogado. Los únicos que no quieren cárceles son los delincuentes.