En la mañana del domingo, Petro escribió: “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”.
El texto merece sr analizado detenidamente. Le asiste parcialmente la razón a Petro cuando afirma migrar no es un delito. Si el proceso se adelanta con apego a las leyes sobre la materia, no hay ningún problema. Todos los Estados protegen su soberanía estableciendo reglas para el ingreso temporal o permanente de extranjeros.
En los Estados Unidos violar las normas migratorias no es una falta menor. Es un delito federal y tiene graves consecuencias, entre ellas la deportación de la persona involucrada.
El gobernante de los colombianos, en tono de mandamás de tierra caliente apuntó que “hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos…”. Petro miente: los aviones utilizados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos para la materialización de las deportaciones son civiles. Generalmente son empresas particulares que son contratadas por las agencias norteamericanas.
Ahora hay que ir al fondo del asunto entre manos: los procesos de deportación que se han registrado esta semana, responden a decisiones judiciales y administrativas que no son recientes. Lo primero que habría que recordarle a Petro, que es un perfecto desconocedor de las leyes norteamericanas, es que el grueso de las normas migratorias que se están aplicando en este momento fueron aprobadas hace más de 20 años.
Una de ellas, la célebre ley patriota, surgió en 2001 después de los ataques del 9-11. Gracias a esa norma, las agencias de seguridad pueden ejecutar deportaciones con mayor celeridad.
Ahora bien, las cifras son elocuentes. Bush deportó entre a poco más de 2 millones de personas. Obama, durante sus dos gobiernos, sacó a 3 millones de inmigrantes ilegales, cifra record que le hizo merecedor, por parte de los progresistas de su país, del título deporter in chief -deportador en jefe-.
El presidente Trump, durante su primera administración, ordenó la remoción de menos de 1.8 millones de personas.
Cada país es libre de establecer las barreras migratorias que considere. Colombia, equivocadamente, abrió su frontera para que el país se llenara de delincuentes venezolanos. Los ciudadanos sufren día a día los efectos de esa plaga delincuencial que opera bajo la mirada cómplice del gobierno.
Ninguna autoridad tiene Petro para inmiscuirse en las decisiones que sobre la migración ilegal se adopten en los Estados Unidos, como tampoco puede hacerlo frente a las rigurosas restricciones que imponen otros países como Australia, donde hace décadas se prioriza la migración cualificada y resulta muy complejo que un extranjero pueda acceder a una residencia permanente.
La política exterior colombiana es vergonzosa. El presidente está concentrado en lanzarle salvavidas a la narcodictadura venezolana, en estrechar lazos con la denominada Franja de Gaza -de donde brota lo más “selecto” del terrorismo internacional- o en tender puentes con antros de corrupción como Haití, mientras enarbola el trasnochado y ridículo discurso “antiyanqui”.
Respecto del avión con deportados que no permitió aterrizar en Bogotá, habría sido interesante que alguno de los incompetentes que acompaña al presidente de Colombia, se hubiera percatado de advertirle que esas personas vivirán un infierno a partir del momento en que regresen a territorio americano.
Petro se equivoca al creer que ha puesto en jaque al gobierno Trump. Los que han quedado contra las cuerdas son los miserables que iban a bordo de ese avión, a quienes les espera una larga y dolorosa reclusión en una cárcel de inmigración, con todos los protocolos y normas de seguridad del sistema penitenciario de los Estados Unidos.
No quedarán libres, puesto que para los Estados Unidos se trata de personas que infringieron la ley y, si no son recibidos en su país de origen, la única alternativa es la prisión.
Publicado: enero 26 de 2025