No se puede ser una democracia y cogobernar con el narcoterrorismo. Colombia deambula entre las pútridas decisiones de quienes le cambiaron el sistema operativo al país. Pasamos de un sistema de libertades democráticas a un Estatismo destructor de las garantías sociales y los mecanismos lícitos de generación de valor y formación de capitales públicos y privados.
Estamos en manos del engaño permanente de un gobierno ilegítimo, que según conveniencia se define y obra como revolucionario, se vale de una servil cleptocracia y es complaciente y cómplice de una multiplicidad de organizaciones criminales narcoterroristas. La preocupación de la gente del común es tremenda, pero resulta estéril ante la negación tolerante e irresponsable de quienes nos representan como dirigentes de la institucionalidad democrática.
La gente se pregunta cuál es la probabilidad de una elección limpia en el 2026 ante una manifiesta total ausencia de propósito país y una desconfianza generalizada en las volátiles estructuras partidistas y la debilidad de los figuras que resultan una selección improvisada controlada por medios y encuestadoras.
Un propósito de país solo emana de la determinación y el valor que demanda la voluntad política de asumir los altos costos que implica hacer lo realmente correcto. No se limita a asumir las convicciones ideológicas “progre o woke”, y quedarnos atrapados en lo políticamente correcto y en la suscripción obligada de las agendas minoritarias impuestas a las mayorías.
Donde prima el interés personal de los políticos y los líderes que adolecen de una auténtica voluntad de servicio, se vende la libertad y se elimina el interés general y el bien común. Caímos en una trampa cultural propia de la dialéctica inversa del populismo, y no logra el país producir los planteamientos y las acciones necesarias para recobrar el camino del desarrollo socioeconómico.
Vivimos en un entrampamiento ideológico, donde el jarabe que nos han vendido en el frasco etiquetado como “Solución de Paz”, no es remedio, sino veneno mata ratas. Están las fronteras y los corredores de narcotráfico convertidos en “Franjas” dominadas por el narcoterrorismo.
La génesis de la revolución en Colombia pasa por una histórica divergencia ideológica que optó por la ilegalidad y la violencia al considerar ilegítimo un Estado constitucional. Algo que con el tiempo degeneró en una anarquía donde todas las organizaciones criminales mutaron al narcoterrorismo. Ahora paradójicamente, lo que fuera una insurgencia guerrillera ideológica se convirtió en una multiplicidad de grupos paramilitares auspiciados y al servicio de los gobernantes revolucionarios que representan el modelo de gobierno del socialismo comunista del siglo XXI.
Hoy a una destrucción institucional sistemática solo se opone una tímida y cómoda mediocridad gremial, la corruptela barata de la politiquera clientelista y la lánguida dignidad de las togas embolatada en el bazar judicial. No puede prosperar una tierra donde no se respeta a los soldados y policías de la patria, donde los criminales en lugar de ir a la cárcel son convertidos en ciudadanos de mejor derecho al ser nombrados gestores de paz. Que macabra ironía. Ahora solo falta que los nombren generales de la República.
Los colombianos no contamos hoy con un Estado que proteja la vida y garantice la seguridad física y la salud de los ciudadanos. Dejamos que este gobierno destruyera el sistema de libertades que permitía que la propiedad y el emprendimiento privado, las asociaciones publico privadas y la eficiencia de las empresas de la nación que han sido los flotadores del erario.
Dura es la lucha contra la ignorancia propia del desespero social que limita la nación a la cultura mafiosa del rebusque, a las voluntades individuales, al abuso de la ley por parte del propio Estado quedando todo supeditado a la egolatría y a las vanidades que ostentan el poder.
El comunismo internacional como sistema de control del poder es activista, estatista y esclavista, y adopta nuevas versiones promotoras y validadoras del narcoterrorismo, creando tiranías regionales disfrazadas de democracias “progresistas modelo siglo XXI” que generan más injusticia e inequidad y acrecientan la brecha de la desigualdad económica. Algo que solo se cierra mediante la generación de riqueza aplicada a los medios productivos bajo las reglas lógicas de las libertades económicas y de mercado.
El mal llamado “progresismo”: Prefiere un concubinato con la ilegalidad a la ortodoxia. Desprecia el hecho de que la seguridad y la salud de la ciudadanía empiecen por la debida nutrición infantil garantia del debido desarrollo cerebral, físico y comportamental de los jóvenes. Y relega el manejo de la cosa pública al inmediatismo mediático desestimando la importancia de mantener una actividad económica productiva creciente de donde provienen los ingresos del Estado.
El “progresismo” ignora la cultura de obediencia y respeto a la ley como elemento esencial de generación de la seguridad, sin la cual no puede existir la confianza ciudadana en conducción del Estado, de la economía, la generación de nuevas oportunidades de negocio y la atracción de inversión que generan crecimiento y empleos de lo cual dependen los ingresos de los hogares y del Estado. Ignora que no puede haber progreso ni desarrollo si no se invierte en un mayor nivel de educación y capacitación que les permita a los negocios seleccionar, adquirir, adoptar, adaptar e implantar nuevas tecnologías para ser más productivos y competitivos. Ignora que la proliferación de la formación de capitales ilícitos no transforma, destruye y contamina toda la actividad económica, impide la formación y administración de políticas públicas eficientes y estrangula la confianza inversionista que habilita la formación de actividad económica y capitales lícitos y formales.
Los cambios pueden ser avances o retrocesos. La civilización ha avanzado mediante cambios transformaciones propios de una función tecnológica que implican la formación de capitales lícitos que apalancan el crecimiento y el desarrollo. Los retrocesos son el producto de la irresponsabilidad de los líderes y los gobernantes revolucionarios fundamentados en el control Estatizado de las libertades destruyendo toda la seguridad ciudadana y desarrollo socioeconómico.