Está probado que la lealtad entre delincuentes se agota cuando uno de los integrantes de la banda criminal es conducido ante la justicia. Cuando un hampón está sentado ante la autoridad, olvida sus pactos y canta como un turpial.
Prueba de ello, lo ocurrido la semana pasada con la exasesora y cómplice del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Se trata de María Alejandra Benavidez, una experimentada funcionaria de nivel medio que conoce como pocos los vericuetos de la administración pública. Según su Hoja de Vida ha trabajado en la Agencia Nacional para la Seguridad Vial, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como asesora del despacho del ministro de Hacienda, cargo en el que fue nombrada en diciembre de 2022 por José Antonio Ocampo y mantenida en esa posición por Ricardo Bonilla.
Defender la inocencia de Benavides en el entramado de corrupción de la UNGRD es una necedad. Es evidente que esa exfuncionaria fue una de las encargadas de articular la mega operación de corrupción en la que el gobierno nacional compró los votos de unos congresistas de la comisión de crédito público.
La exasesora y hoy delatora Benavidez, que está en la mira de la Fiscalía, rompió su silencio. Llorando y embargada por el pánico que produce el inminente encarcelamiento, reveló que Bonilla no solo estaba al tanto, sino que estaba urgiendo para que la UNGRD le diera trámite a proyectos de infraestructura multimillonarios en los que los congresistas involucrados tenían intereses.
Según la corrupta Benavidez, el ministro Ricardo Bonilla estuvo en el minuto a minuto del direccionamiento de más de $92 mil millones de pesos que, a través de cupos indicativos, fueron destinados a los congresistas de Córdoba, Arauca y Bolívar. Entre los parlamentarios involucrados se encuentra el cuestionado Wadith Manzur, representante a la Cámara que se ha encargado de engavetar las investigaciones que cursan contra Petro en la polémica comisión de acusaciones.
La declaración de María Alejandra Benavidez no deja espacio para las dudas. Todo está confirmado. No obstante, el ministro de Hacienda, que en este momento está buscando la aprobación de una reforma tributaria, pues el gobierno de Petro necesita más impuesto para seguir robando en 2025, se atornilla a su cargo.
Con el mayor de los cinismos respondió a las graves sindicaciones de su exasesora y cómplice diciendo que él, escasamente, “ha cometido errores, pero no delitos”.
El cohecho impropio, según el código penal, es una conducta típica por la que se prevé una pena de hasta 10 años y medio de prisión. Y ese, de acuerdo con Benavidez, fue el delito que cometió el cínico ministro de Hacienda. Comprar con dinero público a un congresista para que vote favorablemente una iniciativa del Ejecutivo es, con todas sus letras, un cohecho del tamaño de Monserrate. Por eso mismo, en el pasado no muy remoto, fueron condenados unos ministros del gobierno Uribe.
Y Petro, que es un caradura, ha salido en defensa del pigmeo de las finanzas colombianas aseverando que su funcionario es víctima de una trampa. ¿Acaso alguien lo indujo a sobornar a los congresistas? ¿Fue llevado con una pistola en la cabeza a las instalaciones de la UNGRD para instruir a Olmedo López para que le diera trámite a los proyectos de papel con los que se justificó el robo de casi $100 mil millones de pesos?
Algunas voces reclaman la renuncia de Bonilla. Evidentemente no se irá del cargo. Pero la dimisión no es la solución. El correctivo necesario está en manos de la fiscalía y consiste en imputar y llevar a la cárcel a ese hampón que desangró y muy posiblemente continúe desangrando el tesoro público. ¿Se atreverá la petrista Adriana Camargo a hacerlo? Amanecerá y veremos.
Publicado: diciembre 2 de 2024