El proceso contra Santiago Uribe era un fehaciente montaje. Durante más de tres décadas la extrema izquierda colombiana, peligrosamente enquistada en un sector de la rama judicial, persiguió a un ciudadano inocente. Su única “culpa”: ser hermano de quien es.
En este portal se escribieron importantes denuncias que daban cuenta del tamaño de la infamia contra Santiago Uribe, una persona cuya vida quedó destrozada. Nadie puede ni alegrarse ni congratularse por la decisión del juez penal de Medellín que profirió la sentencia absolutoria. El daño moral, la afectación a la reputación, el desgaste emocional, el dolor que produce la oceánica injusticia que ha tenido que sufrir el hermano menor del expresidente colombiano, ni se borran ni se olvidan.
La ultima fase de la infamia contra Santiago Uribe se escribió durante el paso de Eduardo Montealegre por la Fiscalía General de la Nación. Ese sujeto le ordenó a uno de sus subalternos, un oscuro operador judicial llamado Carlos Iban -con b- Mejía Azuero, prefabricar un escrito de acusación con el que Santiago Uribe pudiera ser sentado en el banquillo de los acusados.
Mejía, un santandereano peligroso que lleva toda su vida cometiendo delitos al interior de la rama judicial, no tuvo mayores dificultades a la hora de cumplir la orden impartida por Montealegre.
Mejía Azuero, como bien quedó documentado en una investigación adelantada por LOS IRREVERENTES, y publicada en junio de 2016, más que hoja de vida tiene prontuario. En 2004, cuando estaba adscrito a la importante unidad antimafia de la Fiscalía, fue declarado insubsistente cuando luego de ser sometido a una prueba poligráfica. El detector de mentiras confirmó que el funcionario efectivamente tenía vínculos con estructuras del narcotráfico.
Montealegre y su compinche Jorge Fernando Perdomo decidieron reencauchar a Mejía Azuero. Su perfil se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Con bandido de semejante tamaño y alcances, podrían articular los montajes y las persecuciones que efectivamente se registraron durante los años oscuros de ese par al frente de la Fiscalía General.
Santiago Uribe fue juzgado por dos delitos gravísimos: homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El expediente es una colección de conjeturas, falsos testimonios, fraudes procesales y prevaricatos. En resumen, se señaló que él fue el organizador de un grupo armado denominado los 12 apóstoles, el cual tenía su campamento principal en una de las fincas de su familia en el municipio de Yarumal, Antioquia.
Así mismo, se le imputó haber determinado el homicidio de un campesino llamado Juan Camilo Barrientos.
Aunque en el proceso reposan los testimonios de una infinidad de falsos testigos, vale la pena poner la lupa sobre dos de ellos: el tristemente célebre mayor (r) de la policía Juan Carlos Meneses, un farsante que a la hora de ratificar ante la justicia sus sindicaciones, se limitó a guardar silencio porque “se siente engañado por la Fiscalía General de la Nación” ¿Montealegre y Perdomo no le cumplieron con lo ofrecido para que mintiera en contra del hermano del expresidente Uribe?
El otro testigo es un esquizofrénico que la fiscalía de Montealegre encontró en un manicomio en Chile.
La enfermedad mental del nuevo testigo, llamado Eunicio Alfonso Pineda Luján es tan evidente que hasta el más novato de los especialistas puede concluir que se trata de una persona que carece de la capacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía.
Su testimonio es una viciosa colección de contradicciones, empezando porque entre los hechos de los que dice ser testigo, y la fecha real de lo acaecido hay una diferencia de 18 años. Como bien expresó la defensa de Santiago Uribe en la conclusión del juicio: “Las afirmaciones de Pineda Luján atentan gravemente contra la lógica del testimonio y no encuentran ningún tipo de soporte probatorio”.
El testigo esquizofrénico declaró que él oye voces que le hablan y que le dan órdenes, voces que se aplacan cuando ingiere elevadas dosis de quetiapina, un medicamento utilizado para sosegar a enfermos mentales.
Sobre Meneses, el abogado defensor resaltó que “es una persona mentirosa pues en sus narraciones describe hechos acaecidos en tiempos en los que él no estaba presente”.
En el juicio contra Santiago Uribe pudo confirmarse que Juan Carlos Meneses, un profesional del delito, tiene el malsano hábito de ofrecerse como testigo a cambio de beneficios penales. Es un sujeto que se ha paseado por el código penal con total desvergüenza. Pero resulta que cuando es llamado ante los estrados para que corrobore sus sindicaciones, opta por guardar silencio, proceder que confirma su nula credibilidad.
El juez concluyó que “es evidente que el comportamiento exhibido por el testigo [Meneses] tiene un matiz infantil, pues deja entrever cómo, si no obtiene lo que está pretendiendo, simplemente guarda silencio, se victimiza y alude que la fiscalía no le cumplió”.
En la sentencia, se halla un sesudo análisis de la acusación presentada por el fiscal/mandadero de Montealegre y Perdomo, concluyendo que la misma estuvo plagada de irregularidades, empezando porque en ningún momento se definió algo tan importante y elemental como es la fecha de los hechos imputados al hermano del expresidente.
El sicario judicial al servicio de Montealegre, vagamente expuso que los delitos se cometieron “en los primeros años de la década de los noventa”, cuando está obligado por la ley a definir de manera “inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal”.
El juez, acertadamente, puntualizó que “el tiempo de la comisión de la conducta punible es supremamente importante para una persona sujeta al derecho penal… para saber en qué tiempo cometió la acción que se le imputa y de esta manera estructurar su defensa”.
Concluye el juez que “…fue un error grave de la fiscalía someter un caso de connotación nacional como el que hoy nos ocupa, en una indeterminación temporal de 10 años… que viola el principio de legalidad y el derecho de defensa del procesado”.
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La farsa fue tan burda, que el juez descubrió que de “forma simultánea y, por ende, totalmente contradictoria, [la fiscalía de Montealegre y Perdomo] acusó al procesado [Santiago Uribe] de ser autor, coautor impropio y autor mediato en un aparato organizado de poder”.
Chuzadas ilegales:
La fiscalía presentó una serie de interceptaciones telefónicas como pruebas que ayudaran a condenar a Santiago Uribe. El juez determinó que dichas chuzadas fueron ilegales, puesto que se manipularon por parte de la fiscalía, y no se protegió algo tan importante como la cadena de custodia de las mismas: “Es evidente que estamos hablando de una prueba nula de pleno derecho, pues quebrantó de forma grosera el debido proceso y el derecho a la no autoincriminación del testigo…no hubo cadena de custodia, se desconoce la autenticidad de la prueba y no hubo identificación de la misma… Se recalca que no hubo orden judicial y que la grabación careció de todo tipo de control”.
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La absolución por el delito de concierto para delinquir, fue sustentada por el juez en los siguientes términos: “Fueron evidentes los garrafales errores cometidos por la fiscalía general…no determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiándolas frente a este delito en tres oportunidades. La fiscalía no acreditó que Santiago Uribe Vélez hubiese pertenecido a la cofradía criminal y mucho menos en calidad de director… [la fiscalía] conculcó los derechos del procesado”.
El otro delito, el de homicidio, se desplomó como un yunque: resulta que quien mató a la persona que le achacan al hermano del expresidente Uribe, confesó su responsabilidad y aseguró que en ese crimen Santiago Uribe no tuvo ninguna participación. En consecuencia, el juez concluyó que lo único que procede es la absolución, “pues las confusiones de la fiscalía frente a la forma de intervención [de Santiago Uribe] en los hechos y lo probado en el proceso, no guardan ningún tipo de relación… Imperioso es admitir que las pruebas obrantes, carecen de idoneidad para conducir a la absoluta certeza sobre la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez, imponiéndose por tanto aplicar en su favor el principio universal del in dubio pro reo”.
Sucio y tramposo montaje fue erigido contra Santiago Uribe. Como ya se anotó, el daño causado es irremisible. El hermano del expresidente perdió casi la mitad de su vida respondiendo por unos delitos que no cometió y que en los últimos años, por cuenta del odio personal de Eduardo Montealegre, lo llevaron a la cárcel y a un juicio absurdo que, como se puede advertir en la sentencia absolutoria, tuvo todo de político y nada de jurídico.
Publicado: noviembre 14 de 2024