Se ha dicho desde el primer momento: el expresidente Álvaro Uribe no está siendo sometido a un juicio ponderado y respetuoso de los derechos que le asisten a todas las personas cuyas conductas son sometidas a la evaluación de un juez, empezando por la presunción de inocencia y el debido proceso.
Quienes algo conozcan de la historia de Francia y de su revolución podrán recordar que María Antonieta fue llevada ante el tribunal y, desde antes de que empezara el proceso, ya estaba decidida su condena. Hasta los dos abogados de oficio que le fueron asignados terminaron con sus huesos en el calabozo por haber intentado ejercer su profesión con decoro, y procurar la controversia de las pruebas que eran esgrimidas contra la desgraciada esposa del rey.
La inocencia de Uribe Vélez salta a la vista. Nada de lo que le fue imputado ocurrió. El proceso que se adelanta en su contra se erige sobre el decir de un canalla mentiroso que ha recibido prebendas económicas y privilegios penitenciarios a cambio de su testimonio contra el exmandatario de los colombianos.
El arquitecto de la infamia fue el oscuro magistrado de la sala de instrucción, Cesar Reyes Medina, fiel discípulo del cartel de la toga, quien sirvió de herramienta de la extrema izquierda y de la corrupción santista para direccionar la investigación contra Uribe, manipulando las pruebas con el fin de construir un expediente en el que abundan las mentiras, y se desprecian alevosamente las evidencias que confirman la inocencia del procesado.
Reyes es el mismo que lidera el bloque de magistrados de la Sala de Instrucción que se presta para encubrir y favorecer ilegalmente a delincuentes peligrosos, como Armando Benedetti. Su grupo es conocido en la rama judicial como el del as “3R”, en referencia a la inicial del trío de magistrados que participan en esas maniobras oscuras: Reyes, Rodríguez y Rueda.
Cuando la investigación contra el expresidente llegó a la Fiscalía General de la Nación, el criterio de esa entidad fue en contravía del de Reyes Medina: en dos oportunidades se solicitó y sustentó la preclusión a favor del doctor Uribe. En ambas oportunidades La solicitud fue rechazada por los jueces a los que les correspondió presidir las audiencias.
Con la llegada de Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, la Fiscalía, el enfoque del proceso sufrió, como era de suponer, un viraje de 180 grados. Uribe pasó de ser inocente con Barbosa, a culpable con la mujer que le hace los mandados a Petro y a la extrema izquierda colombiana.
Velozmente, la Fiscalía presentó una acusación formal contra el exmandatario, delatando el interés desmedido de sacar al principal dirigente de la oposición del camino.
El juicio se está adelantando como si no hubiera un mañana, como si las decisiones estuvieran adoptadas antes de oír los argumentos de parte y parte y hubiera urgencia de despachar el asunto. La falta de ponderación de la juez de conocimiento es vergonzosa. Ninguna diferencia hay entre su comportamiento y el de la fiscalía petrista. Que nadie se sorprenda si en una de estas, la señora se quita la toga, y pide la palabra para complementar algún argumento en contra del enjuiciado.
Como es natural, los abogados del expresidente Uribe -que se arriesgan a terminar como los de la mujer de Luis XVI- solicitaron que, para un ejercicio pleno de la defensa, se tengan en cuenta un importante y trascendental número de pruebas, todas ellas con vocación de establecer la verdad de los hechos y demoler la deleznable teoría del caso que esgrimen los acusadores de su cliente.
La respuesta de la brutal juez, que más parece una verdugo, fue negativa. Conclusión: Uribe no puede defenderse, luego ¿para qué siguen con esa farsa? Que dicen la sentencia condenatoria de una vez, y no pierdan más tiempo.
El presidente hizo bien al retirarse de las diligencias. No tiene sentido que se preste para esa locura. El es un hombre condenado, a pesar de que no hay nada que pruebe su responsabilidad en los hechos que son materia de evaluación y juzgamiento de esa mujer que funge como juez de conocimiento, pero que está actuando de manera descaradamente ilegal, incurriendo en un claro prevaricato que, más que delatar su incompetencia, desvela un acto deliberado de corrupción.
La juez no tiene ningún respeto por la justicia. Sus decisiones no solo son erróneas; son premeditadamente injustas. Su proceder, la convierte en una deshonra para el sistema judicial colombiano.
Publicado: octubre 7 de 2024