La corrupción y el bandidaje son las marcas distintivas del gobierno socialcomunista de Gustavo Petro. El asunto trasciende el nauseabundo caso de la UNGRD, en el que participaron figuras como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ahora exministro Luis Fernando Velasco, alias “Chuspa”, el siniestro Carlos Ramón González, y la controvertida Sandra Ortiz.
Petro llegó al poder a través de maniobras mafiosas. Su campaña fue generosamente financiada por peligrosos delincuentes y mafiosos como alias «El Hombre Marlboro» y «El Turco Hilsaca». Petro reeditó el escándalo del Proceso 8000, como lo revelan los famosos audios de Armando Benedetti, en los que asegura que Petro recibió aportes de manos de delincuentes, donaciones que, como era de esperarse, no fueron reportadas ante las autoridades electorales colombianas.
Laura Sarabia, descrita como una mujer de la peor calaña, empezó en el mundo de la delincuencia robando a sus compañeras de trabajo cuando era empleada de Benedetti en el Senado de la República. Como encargada de administrar la agenda de Gustavo Petro, guardaba en su casa grandes sumas de dinero en efectivo, fondos de origen aparentemente ilícito. Parte de ese dinero fue robado, y Sarabia acusó a la niñera de su hijo menor de edad de haber cometido el hurto
La niñera fue sometida a torturas psicológicas y, además, sufrió la interceptación ilegal de sus comunicaciones. Desde la Casa de Nariño, según se ha establecido judicialmente, se ordenaron las interceptaciones en contra de la humilde exempleada de Sarabia.
Uno de los congresistas «estrella» del régimen es David Racero, quien fungió como presidente de la Cámara de Representantes durante el primer año del gobierno de Petro. Se ha revelado que Racero, quien presume de ser un «faro moral», aparentemente se queda con parte del salario de los miembros de su unidad legislativa, una práctica común entre algunos congresistas. Además, Racero presuntamente utiliza a los funcionarios de su equipo, pagados con dinero público, para atender sus negocios particulares.
El Ministerio de Comunicaciones está en manos de Mauricio Lizcano, un político conocido por sus maniobras oscuras. Lizcano está bajo la mira de los organismos de control debido a la adjudicación irregular de un contrato billonario para la instalación de internet en zonas rurales del país.
La tan publicitada «Paz Total» es, en la práctica, una macrooperación de lavado de activos y favorecimiento a estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Desde la campaña, el cuestionado hermano de Petro recorría las cárceles de Colombia pactando con peligrosos narcotraficantes, buscando apoyo político y económico a cambio de impunidad.
Petro estructuró su campaña prometiendo un “cambio” en la forma de hacer política y en el ejercicio del poder presidencial. Tras dos años en el poder, es evidente que la corrupción no solo no se ha detenido, sino que se ha generalizado, permeando todos los rincones de la administración pública. Hoy, el hampa, bajo el disfraz del «progresismo», gobierna Colombia.
Publicado: octubre 4 de 2024