Un país sin justicia es un país sin esperanza, Álvaro Gómez Hurtado.
Hay un punto en el que toda la sociedad colombiana debería ponerse de acuerdo con la mayor brevedad posible: El de suspender la constante labor de descrédito que nosotros mismos estamos sometiendo a toda la institución democrática.
Una de las razones de la crisis de la democracia liberal colombiana en el tiempo presente, consiste en aceptar que con cada ley que se presenta en el congreso de la república o con cada circular que circula por cuenta de la fiscalía general de la nación, fgn, o por cada concepto jurídico que emite algún magistrado de las altas cortes se produce un complicado injerto con el fin de garantizar los derechos so pretexto de poner a la sociedad al día y de recuperar a las masas, que llamaba Ortega y Gasset.
Un ejemplo de lo anterior consiste en la resolución No. 08 de la FGN para responder a los retos que implican los hechos violentos cometidos de manera ocasional por las protestantes sociales, como los denomina la misma resolución.
Sin embargo, todas las semanas en Bogotá, Medellín y Cali los ciudadanos de a pie tenemos que soportar los embates de la violenta e irracional protesta social en las mediaciones de las universidades públicas que pasan de un desorden público a delito serio como fueron los casos recientes en la Universidad de Antioquia y Central de Bogotá donde quemaron unos vehículos de la policía nacional ante la mirada impotente de los ciudadanos y los mismos policías.
¿Tendría capacidad el antiguo Smad que cambió al nombre folclórico de UNDMO para echar mano de los protestantes sociales?
De hecho, se presentó hace quince días un caso cuando un policía en legítima defensa disparó, hiriendo a uno de los manifestantes. ¿Sobre quien recaerá la resolución número 8 de la fgn? ¿Sobre la víctima o el protestante social?
Dos ejemplos adicionales de la justicia en favor de los victimarios surgieron la semana pasada cuando la “sanción” con respecto a los desmanes que se produjeron en el Atanasio Girardot durante el partido Nacional – Junior donde la justicia inicialmente recae sobre las víctimas quienes asisten al estadio dejándolos sin dos fechas.
En este caso, la justicia debería ser ejemplar recayendo sobre los hinchas del Junior con la prohibición de por vida para asistir al Atanasio Girardot.
De hecho, una sanción debería ser que los visitantes no ingresan a los partidos de los locales.
En Bucaramanga, alias «pichi» uno de los delincuentes más temidos de la ciudad de los parques se convierte en gestor de paz, quedando en libertad.
Bien lo comentó en su momento el Dr. Alejandro Ordoñez cuando se produjo el cruel asesinato de tres niños en Arauca: el país está enfermo.
Hablando de Arauca, olvidado a su suerte ante el silencio cómplice de los flamantes negociadores de paz de Álvaro Uribe con el ELN.
Ahora, que están saliendo candidatos presidenciales por montones para conversar sobre lo divino y lo humano, sería pertinente que alguno de ellos tuviera la valentía de plantear el concepto de Colombia sin delito, del abogado Juan Carlos Rodríguez Vall – Serra donde la aplicación de la justicia debe ser a favor de las víctimas y no para los victimarios.
Mientras tanto, Nicolás Petro sigue jugando tenis feliz de la pelota en Barranquilla, el señor Benedetti flamante embajador en Roma y el caso de Álvaro Gómez Hurtado con 29 años de impunidad judicial.
Puntilla: Y el expresidente Uribe se queja de la última reforma tributaria aprobada en el 2022 y todo el centro democrático…
Rafael Gómez Martínez
Publicado: octubre 1 de 2024