En honor a la verdad, la convocatoria de la asamblea que hizo la Constitución de 1991 fue absolutamente ilegal. La Carta de 1886, en el artículo 218, establecía que “La Constitución (…) solo podrá ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias…”. Esa norma fijaba el procedimiento a seguir, para reformar a la Constitución que, en todo caso, debía surtirse exclusivamente a través de la rama legislativa.
Así mismo, y en aras de ratificar que la potestad constituyente era una exclusividad de los legisladores, en el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, en el artículo 13, se confirmó que “en adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución”.
Sin que se tratara de un acto político vinculante, un movimiento de estudiantes universitarios coló en las elecciones de Congreso del 11 marzo de 1990, una séptima papeleta que fue depositada por dos millones de votantes. Dicha papeleta invitaba a que se adelantara una reforma a la Constitución de 1886.
En este punto se derrumba la primera gran mentira que se repite furiosamente. No es verdad que la mayoría ciudadana quisiera el cambio de la Constitución. De los 13.8 millones de colombianos habilitados para votar en las elecciones de marzo de 1990, a las urnas sólo concurrieron 7.6 millones, y únicamente dos millones depositaron esa papeleta, lo que significa que el 14.4% del censo electoral vigente para las elecciones, apoyó la reforma. Y si se quiere ser un poco generoso, entonces el 26.3% de los colombianos que votaron aquel día, acompañaron la iniciativa universitaria. ¿Dónde está la mayoría que tanto se cacarea?
El proceso constituyente comenzó meses antes de dichas elecciones. Debe remitirse entonces a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y la banda terrorista M-19. El presidente le propuso al Congreso un proyecto de ley para convocar a un referendo ciudadano que ratificara lo pactado con los delincuentes.
El proyecto terminó hundiéndose por cuenta de un mico que le fue incluido al proyecto, y en el que se notó la mano negra del narcotráfico. En medio del debate, un congresista conservador por el departamento de Boyacá, Carlos Pineda Chillán, presentó una proposición incluyendo un nuevo artículo con el que se le preguntaría a los ciudadanos si estaban o no de acuerdo con la extradición.
El gobierno, al darse cuenta de que Pablo Escobar y Rodríguez Gacha -que sería dado de baja a los pocos días- habían comprado la mayoría de congresistas para aprobar la narcoproposición de Pineda Chillán, resolvió, a través del ministro de Gobierno, retirar el proyecto de referendo.
Pero la semilla constituyente quedó sembrada y los del movimiento séptima papeleta sacaron provecho de aquella situación.
Los dos millones de votos depositados en las parlamentarias de marzo del 90 sirvieron para que, dos meses después, el gobierno de Barco emitiera un decreto -927 de 1990- en el que se lee que “el 11 de marzo [de 1990] un número considerable de ciudadanos, por iniciativa propia, ante la inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en ejercicio de la función constitucional del sufragio y de su autonomía soberana, manifestaron su voluntad para que la Constitución Política fuera reformada prontamente por una Asamblea Constitucional…”. Una minoría palmaria fue convertida, por decreto, en mayoría.
Ese mismo decreto le ordenó a la organización electoral incluir un tarjetón en la elección presidencial del 27 de mayo de ese año, con el siguiente texto: “Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional, con representación de las fuerzas políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia. Sí o No”.
Como se puede leer, en ninguna parte se mencionó la eliminación de la Constitución de 1886. Se limitaba a la “reforma” de la misma. Y ahí es donde radica el riesgo de las Asambleas Constituyentes: su poder es omnímodo y sus delegatarios, enarbolando su calidad de representantes del constituyente primario, pueden hacer lo que les venga en gana. Un ejemplo extremo: la mayoría habría podido establecer una monarquía absoluta, en reemplazo de la República.
El 88% de las personas que votaron en las elecciones presidenciales de 1990, cuando fue elegido Cesar Gaviria, expresaron estar a favor de la convocatoria de la Constituyente.
Diecisiete días después de su posesión, Gaviria y sus ministros firmaron el decreto legislativo 1926 de 1990, convocando a la elección de 70 delegatarios que integrarían una Asamblea Constitucional que sesionaría durante 150 días a partir del 5 de febrero de 1991, y que “no podrán estudiar asuntos diferentes a los mencionados en el temario aprobado por el pueblo y particularmente no podrá modificar el periodo de los elegidos este año (1990)…”.
Para verdades el tiempo. Una de las primeras decisiones de la Asamblea, fue la revocatoria del Congreso elegido en 1990. La locura colectiva era tal, que un delegatario del M-19, de apellido Echeverri, propuso reducir el periodo del presidente de la República, y declarar vacantes a todas las cortes del país, idea que estuvo a punto de prosperar gracias al respaldo de muchos congresistas cuya elección inminentemente sería revocada; si caían los congresistas, por la misma grieta debían irse el presidente y los magistrados que le dieron su bendición a ese desaguisado institucional que estaba viviendo el país.
Colombia, entonces, estuvo a punto de vivir una experiencia semejante a lo narrado en el libro veterotestamentario de los Jueces, cuando Sansón, aparentemente reducido por los filisteos, se acercó a las columnas de la casa en la que había tres mil enemigos suyos, y sacudiéndolas con todas las fuerzas que emanaban de su creciente cabellera, causó un derrumbe mientras gritaba ¡Muera yo con los filisteos!
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Petro afirma insistentemente que el M-19 hizo la constitución de 1991. Otra gran falacia. De los setenta integrantes de la Asamblea, diecinueve eran de ese grupo, mientras que los partidos tradicionales: Liberal, Conservador y el Movimiento de Salvación Nacional (grupo liderado por Álvaro Gómez Hurtado), sumaban 45.
Cuando se integró la Asamblea, Petro tenía treinta años y acababa de salir del monte. Él realza su importancia en las filas de la banda terrorista a la que perteneció. Llama la atención que su nombre ni siquiera haya sido incluido en la lista presentada por su grupo, y haya preferido insertar a otros bandidos como Antonio Navarro, Vera Grabe, Álvaro Leyva, Angelino Garzón, Rossemberg Pabón, Otty Patiño, y al temible pederasta huilense Marcos Chalita. Si la relevancia de Petro era tan marcada como dice, ¿por qué el M-19, en vez de pensar en él, decidió llevar en su lista a personas que aparentemente no estuvieron en sus filas como el excontralor Carlos Ossa, la poeta María Mercedes Carranza, Orlando Fals Borda y el entrenador de fútbol Francisco Maturana? Hasta los del M-19 le ofrecieron un cupo a René Higuita quien declinó hacen do la salvedad de que «en la próxima constituyente sí participaría».
Al margen de esa duda, lo cierto e incontrovertible es que la constituyente de 1991 fue convocada de manera ilegal, y que el M-19 estuvo lejos de ser el grupo mayoritario. Petro no hizo parte de la asamblea a la que la corte suprema, en una sentencia ignominiosa, le entregó un poder absoluto al concluir que era soberana.
En agosto de 2021, siendo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dictó una conferencia en la que narró con lujo de detalles cómo se surtieron la deliberación jurídicas que dieron vía libre a la constituyente del 91. El documento presentado por Barbosa es fundamental para quienes quieran profundizar en ese asunto.
Al margen de las pasiones ideológicas, es innegable que la voluntad del pueblo era la de reformar mas no la de eliminar el texto constitucional de 1886, como ocurrió y que quedó plasmando en el infame artículo de cierre de la Carta del 91: “Queda derogada la constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta constitución rige a partir del día de su promulgación”.
Publicado: junio 24 de 2024