No debe de extrañarnos la agresiva respuesta que el desquiciado que habita en la Casa de Nariño le dio a la noticia de que en el CNE se radicó un proyecto para imputarle cargos a él y al gerente de su campaña presidencial por haber excedido los topes legalmente fijados para la financiación de la misma (vid. Petro insinuó que se quedaría en el poder hasta que el pueblo diga (pulzo.com).
Puede verse en YouTube el diagnóstico que un reputado psiquiatra formula acerca de la personalidad de quien nos desgobierna. Según su autorizado criterio, hay 10 síntomas de psicopatía y nuestro Líder Galáctico los exhibe todos (vid. https://www.youtube.com/watch?v=tJOVri4AFhI). Por eso he planteado en otras ocasiones el tema de si semejante anomalía mental, que los psiquiatras afirman que es incurable, condiciona una incapacidad física permanente que según el artículo 194 de la Constitución Política le permitiría al Senado declarar la falta absoluta del cargo.
El desafío a la institucionalidad que está manifestando nuestro Líder Galáctico es, simple y llanamente, demencial.
Nunca en la historia colombiana se había dado un caso de tamaña gravedad.
El primer gran principio fundamental que rige a nuestro país, según el artículo 1 de la Constitución Política, proclama que «Colombia es un Estado social de derecho», lo cual apuntala el artículo 4 cuando declara que «La Constitución es norma de norma de normas», vale decir, contiene la normatividad fundamental que rige la vida del país y contiene el estatuto del poder público, cuyos detentadores deben responder no sólo por infringir el ordenamiento jurídico, sino «por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones» (art. 6).
El jefe del Estado debería ser el primero en manifestar su leal acatamiento al orden jurídico que al momento de tomar posesión de su cargo juró solemnemente cumplir y defender, así como desempeñar los deberes pertinentes (art. 122 de la Constitución Política).
En su inusitado discurso de Cartagena el que nos desgobierna dijo de modo inequívoco que para él la Constitución no es lo que reza en el texto formalmente aprobado por la Asamblea nacional Constituyente en 1991, junto con las reformas que se le han introducido mediante Actos Legislativos debidamente aprobados por el Congreso, sino un cuerpo etéreo disperso en una delicuescente voluntad popular de la que tan sólo él sería el intérprete legitimado.
Ya lo he dicho en otras oportunidades. Para él. el pueblo no es la ciudadanía organizada que debidamente informada y a través de ejercicios racionales decide sobre los asuntos que le conciernen, sino la masa tumultuaria que obra al impulso desaforado de las pasiones.
He observado en escritos anteriores que este comportamiento presidencial de suyo configura la causal de indignidad por mala conducta, que según el artículo 175-2 de la Constitución Política le permite al Senado destituirlo del empleo y privarlo de sus derechos políticos. Además, pone de manifiesto un iter criminis, vale decir, el comienzo de un proditorio designio de destruir el ordenamiento constitucional de la Republica.
A ese audaz y perverso designio hay que ponerle coto cuanto antes. Los variados dispositivos de control del poder que consagra nuestra Constitución deben ponerse en marcha con celeridad para impedir que el espíritu de aventura que posee al psicópata y sociópata de marras prosiga en busca de sus ominosos propósitos.
No hay que olvidar que el Estado de Derecho, que deriva en el Imperio de la Ley, es lo que garantiza que haya democracia y garantía de las libertades. Si se impone la arbitrariedad gubernamental, hay que decirle adiós a la civilización política.
Alguna vez, hace años, escribí, comentando una discutida pieza teatral de Henri de Montherlant, sobre la desgracia que pesa sobre la sociedad cuyo príncipe es un niño. Según este célebre autor, el título procede de un texto de Isaías, pero en realidad se lo halla en el Eclesiastés: «¡Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho, y cuyos príncipes banquetean de mañana!» (Eclesiastés 10:16)
¡Qué decir ahora sobre la sociedad cuyo príncipe es un demente!
En el alto gobierno hay juristas que gozan de cierto reconocimiento por sus trayectorias profesionales. Es hora de que hagan ver su compromiso por la causa del Derecho. Además, les toca pensar en las severas responsabilidades que les competen.
Pienso especialmente en la Fiscal General de la Nación, que ha dedicado su vida profesional al servicio de la justicia y específicamente a combatir la criminalidad. Más allá de sus preferencias personales y políticas, le toca pensar en su compromiso ante la historia. Y si, como egresada de una universidad católica, conserva todavía la convicción de que obra ante la presencia de Dios, nuestro Supremo Juez, es el sentido del deber lo que ha de guiar sus pasos.
Sobre el país sopla un viento de locura. Lo que nos desgobierna no es un Pacto Histórico, sino Histérico, desatinado, enfurecido, mentalmente enfermo.
Que Dios nos proteja de la violenta tormenta política que se avecina.
Jesús Vallejo Mejía
Publicado: mayo 10 de 2024