Horas antes de que comenzara la Semana Santa, un juez de conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra el ahora prófugo Carlos Jaller y su esposa Ivonne Acosta, señalados e imputados por el desfalco en más de $30 mil millones de pesos de la universidad Metropolitana de Barranquilla, centro académico cuyas cuentas fueron asaltadas por Jaller y los demás integrantes del clan que él comanda.
Este portal ha sido el único medio de comunicación en Colombia que ha seguido paso a paso ese caso de corrupción privada que se tradujo en el desmantelamiento de las entidades creadas por la fundación Acosta Bendek: la Universidad y el hospital Metropolitano de Barranquilla.
Jaller, que tiene un impresionante poder corruptor, logró mantenerse impune durante algunos años. Existen evidencias incontrastables de sobornos a operadores judiciales, abogados oscuros y al periodista Daniel Coronel, tal y como lo denunció hace más de un año el empresario Luis Fernando Acosta, quien ha sufrido una brutal persecución y ha sido víctima de montajes urdidos y pagados por Jaller Raad. Acosta ha sido el principal denunciante del robo que sufrieron la universidad y el hospital, entidades que fueron fundados por sus padres y tíos, instituciones que son un patrimonio de la sociedad atlanticense.
Increíblemente, Jaller se mueve con soltura y tranquilidad por la ciudad de Miami. Frecuenta con su esposa y sus amigos lujosos centros comerciales, particularmente el Dadeland Mall, a pesar de que la justicia colombiana lo reclama para que responda por delitos que le pueden significar más de 20 años de prisión.
Por tratarse de un caso de corrupción y de movimiento de dineros ilegales a través del sistema financiero estadounidense, este portal pudo establecer que el FBI conoce la situación y, de acuerdo con sus competencias, adelanta las respectivas indagaciones.
El de la Metropolitana sería un caso más de una pelea familiar por el control de un patrimonio, si no hubiera existido el vulgar entramado de corrupción erigido por Jaller y sus cómplices: su esposa (miembro de la familia Acosta), su amante, su testaferro Jorge Hernández Cassis, y su sobrino Javier Cuartas Jaller, personas que pusieron en marcha una macro operación tendiente a sobornar jueces y fiscales con el fin de asegurar que sus delitos nunca fueran investigados ni sancionados.
Hoy, tres jueces y un fiscal están a punto de ser condenados por, precisamente, haber recibido cientos de millones de pesos de manos de Jaller a cambio de tomar decisiones abiertamente ilegales.
Un fiscal delegado ante la corte suprema, Julio Ospino, figura como receptor de $300 millones de pesos.
Lo que ha generado una mayor indignación es que los sobornos pagados por Jaller fueron sufragados con dineros que le fueron robados al sistema público de la salud colombiana.
Jaller y su esposa están acorralados. Sus delitos están a la vista de todos. La justicia, que durante tantos años procuró encubrirlos, no tuvo camino distinto que el de actuar y producir resultados. Ahora, empieza el viacrucis para lograr que Jaller y su esposa sean enviados a Colombia y se defiendan de los cargos que les fueron imputados, pero desde una cárcel, pues su peligrosidad es palmaria.
Publicado: abril 1 de 2024