La semana pasada, un juez de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía de Colombia de enviar al oscuro empresario barranquillero Carlos Jaller Raad a una cárcel, mientras se adelanta el juicio en su contra por los delitos relacionados con el despojo de miles de millones de pesos de la Universidad Metropolitana.
Durante la imputación, el fiscal estimó el asalto en algo más de $8 mil millones de pesos, mientras que la universidad calcula que la cifra asciende a $30 mil millones.
Lo cierto es que, al margen del monto, las decisiones de la semana pasada contra el exrector Jaller pueden convertirse en un asunto del primer nivel en la relación de cooperación judicial entre Colombia y los Estados Unidos.
Esta es la situación:
Colombia y los Estados Unidos celebraron un tratado de extradición en 1980, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay. El mismo fue ratificado por la rama legislativa de ambos países, como presupuesto para su entrada en vigor.
La corte suprema de justicia colombiana, presionada por el narcotráfico, declaró inexequible el tratado al concluir que el mismo había sido firmado por Germán Zea Hernández en calidad de ministro delegatario, y no por el presidente de la República. Una conclusión a la que sólo se pudo llegar por mediación del dinero y las intimidaciones de la mafia.
Lo cierto es que el acuerdo continúa vigente, pues ninguno de los dos países ha expresado su voluntad de interrumpir su aplicación, lo que en derecho internacional se llama denuncia del tratado.
Por razones prácticas, Colombia formaliza las extradiciones hacia los Estados Unidos aplicando el código de procedimiento penal, mientras que los Estados Unidos lo hacen de acuerdo con los parámetros del tratado de 1980.
El debate sobre la inaplicación del acuerdo fue superado cuando se presentó el caso del exministro Andrés Felipe Arias. Sus abogados en el sur de Florida se concentraron en alegar que el tratado no estaba en vigencia, argumento que fue desestimado de plano en distintas instancias. La justicia norteamericana concluyó que las extradiciones desde Estados Unidos a Colombia son procedentes, y se materializan con fundamento en lo acordado entre ambos países en 1980.
Retomando el caso de Jaller Raad, los delitos por los que está siendo procesado y que, de ser hallado culpable le pueden significar alrededor de 26 años de prisión, también son crímenes contemplados en el código penal federal de los Estados Unidos.
Según se pudo oír en la audiencia de la semana pasada, en la que se impuso la medida de aseguramiento, la fiscalía colombiana tiene que solicitar la expedición de las órdenes de captura y proceder con la activación de los mecanismos ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en procura de la captura de Jaller para efectos de iniciar el proceso de extradición hacia Colombia. La principal víctima, en este caso la universidad Metropolitana, también puede hacer dicha solicitud en aras de que el responsable del desvalijamiento de las finanzas del centro académico no continúe gozando de la impunidad.
Se sabe que Jaller Raad se encuentra en los Estados Unidos en compañía de quien ha fungido como su testaferro, un sobrino suyo llamado Javier Cuartas Jaller -autor del desfalco hasta ahora impune del hospital Metropolitano-.
A su nombre, de acuerdo con los archivos de avalúo de Miami-Dade, se encuentra un apartamento en el piso 16 de un edificio al nororiente de ese condado, inmueble que Jaller compró en febrero de 2022 a una hermana suya llamada Ana V. Jaller de Palacio.
En la información oficial de empresas registradas en e Florida, está relacionada la compañía Enter Corp,creada en septiembre de 1998, y modificada el 3 de diciembre de 2020, año en que, según dijo la fiscalía durante la imputación y solicitud de medida de aseguramiento, Jaller huyó de Colombia
En los documentos de constitución, Carlos Jorge Jaller Raad figura como secretario. Se lee el nombre de su hermana Ana V. Jaller de Palacio como presidenta de la corporación.
Curiosamente, Enter Corp está ubicada en una casa de habitación en el suroccidente de Miami, residencia que, según los registros del condado, es de propiedad de Juan Bruno de la Fuente y Martha Cuartas. ¿Qué relación pueden tener esas personas con las acciones ilícitas de Jaller? ¿Qué papel puede estar jugando Enter Corp en el movimiento de los dineros que Jaller sustrajo ilegalmente de las arcas de la universidad y el hospital Metropolitano de Barranquilla? Son interrogantes que las autoridades federales absuelven en este momento.
Aquella no es la única actividad comercial que ha tenido Jaller Raad en Florida. Junto a su esposa Ivon Acosta -también imputada y sobre la que pesa medida de aseguramiento- registró la empresa Casaroca Enterprises LLC. En dicha compañía de responsabilidad limitada, Jaller fungió como presidente, y su esposa como vicepresidenta. La misma fue registrada en febrero de 2022 y disuelta el 22 de septiembre del año pasado, cuando contra él ya pesaba orden de captura emitida por un juez colombiano.
El entramado de corrupción protagonizado por Jaller Raad y su clan criminal se convertirá en un capítulo interesante respecto de la eficacia de la cooperación judicial entre Colombia y los Estados Unidos. Autoridades americanas tienen en su poder información detallada del caso y evalúan si, a través del sistema financiero estadounidense, se movieron y lavaron dineros de la corrupción, particularmente los que el clan Jaller le robó a la salud pública de Colombia.
Publicado: febrero 19 de 2024