No siempre los procesos de elección de fiscal general de la nación han sido sencillos. Quizás el último, el de Francisco Barbosa, fue el más expedito. Su nombre generaba confianza en una corte que votó unánimemente por él.
Lo que está sucediendo en este momento obliga a recordar el episodio del gobierno del doctor Uribe cuando se presentó la terna para reemplazar al errático Mario Iguarán. La corte suprema, en abierta contradicción con el gobierno nacional, se valió de la elección de fiscal para ajustar cuentas con Uribe, a quien los magistrados jamás le perdonaron su posición jurídica en el sentido de que era la constitucional y no la suprema la corte de cierre de los procesos judiciales en Colombia, una tesis controvertida que debía ser debatida en instancias académicas y legislativas, y no a través del bloqueo de las ternas propuestas por el presidente Uribe Vélez.
Aquella vez, los magistrados hicieron politiquería, esperando que hubiera cambio de gobierno. Y así sucedió: una semana después de su posesión, Santos presentó una nueva terna, y los magistrados escogieron, violando su propio reglamento, a la cuestionada Vivianne Morales, entonces esposa del mercenario Carlos Alonso Lucio. 18 meses más tarde, el Consejo de Estado decretó la nulidad de esa elección, a todas luces ilegal.
Desde diciembre del año pasado, la suprema ha realizado rondas de votación. Siempre el voto en blanco se ha impuesto.
En la más reciente, hubo una votación en la que la aspirante Amelia Pérez sumó 13 respaldos. Estuvo a tres de ser la elegida.
El presidente de la corte anunció que la primera semana de marzo habrá una nueva jornada de votaciones.
Ese anuncio se dio antes de que aparecieran los brutales trinos del esposo de Pérez, el energúmeno Gregorio Oviedo. No se trata de opiniones, sino de insultos y de vulgaridades proferidas a diestra y siniestra contra todo lo que no huela a extrema izquierda.
Los operadores judiciales no son sujetos aislados ni impermeables. El esposo de la ternada Amelia Pérez es libre de insultar a quien le venga en gana -actitud que pone muy de presente su ordinariez e incapacidad argumentativa-, pero el odio que él destila por supuesto que aumenta los temores respecto de la imparcialidad que los colombianos esperan de quien ejerza el cargo de fiscal general de la nación.
¿Alguien dimensiona el terremoto político que se hubiera generado si la esposa del ahora exfiscal Barbosa hubiera lanzado un insulto del calibre de los que se le descubrieron a Oviedo?
No hay sector que esté a salvo de los improperios del arrebatado esposo de la posible próxima fiscal. Ni siquiera los magistrados de la corte, a quienes se ha referido en términos deleznables. Lo mismo sucede con los periodistas y con los dirigentes políticos de la oposición. Llegó al extremo inaudito de plantear que todo el Centro Democrático debe ser encarcelado.
Si es cierta la hipótesis de que los magistrados, después de largas jornadas de reflexión estaban configurando una mayoría a favor de Amelia Pérez, dicho acuerdo debe quedar en suspenso. No es sano para la democracia, ni envía una señal de tranquilidad que la fiscalía quede en manos de una persona cuyo cónyuge -que para mayor gravedad fue fiscal y juez- considera que la justicia debe ser utilizada como herramienta para encarcelar a quienes no militan en el petrismo, que se refiere a muchos periodistas en los peores términos, y que es un abierto agitador de la extrema izquierda.
Es evidente que los togados están encartados. Una de las principales sospechas que recae en la elección de fiscal es, precisamente, la de la independencia. Propios y extraños coinciden en que Petro está buscando desesperadamente una fiscal de bolsillo, que le haga los mandados, que engavete los procesos que se surten contra su hijo, su hermano, el primo de su esposa, y los delincuentes Laura Sarabia y Armando Benedetti.
Conocidas las publicaciones de Oviedo, ¿la Corte puede tener la tranquilidad de que Amelia Pérez no convertirá a la fiscalía en una extensión de la Casa de Nariño? Todo indica que no.
Publicado: febrero 29 de 2024