No será un año fácil. El gobierno socialcomunista colombiano se jugará los restos en este 2024, generando más polarización y estimulando el odio y el rencor entre la ciudadanía.
En las primeras horas del año trascendió la decisión de retirarle la sede a Barranquilla de los Juegos panamericanos de 2027, al confirmarse que el gobierno nacional no realizó los giros pactados en el contrato.
Petro, tuvo que suspender su viciosa farra para dar unas explicaciones que resultaron, como todo en él, mentirosas.
El odio enfermizo que el presidente de Colombia siente hacia el sector político que gobierna a Barranquilla, la familia Char, desembocó en que el país se privará de ser el anfitrión de un evento deportivo internacional de singular relevancia, como son los juegos panamericanos.
La miopía política sumada al rencor son un coctel letal.
La impericia del gobierno Petro es manifiesta. Los ministros, sin excepción, son una panda de fanáticos incompetentes cuya incapacidad para ejercer sus respectivos cargos es escalofriante. Diecisiete meses han transcurrido de la actual administración y el desgobierno es sintomático en todas las áreas, empezando por el sector defensa.
La geografía está inundada con coca, invadida por criminales de todas las pelambres, sin que el oscuro ministro Iván Velásquez responda políticamente por su torpeza al frente de una cartera que requiere de inteligencia, compromiso y profesionalismo, características de las que carece el otrora magistrado auxiliar con inmensa experiencia, eso sí, en montajes judiciales y falsificación de expedientes y testigos.
Petro ha resistido los embates y los cuestionamientos, esperando a que llegue el momento de entronizar a una de sus elegidas en la fiscalía general de la nación.
Ha soportado las denuncias respecto del ingreso de dineros de la mafia a su campaña, los escándalos de su favorita Laura Sarabia, las delaciones del delincuente Armando Benedetti y demás, contando los minutos para asumir el control de la justicia a través de una fiscal de bolsillo como efectivamente resultará siendo cualquiera de las tres postuladas.
Está escrito en la primera página del primer capítulo del manual comunista: para consolidar el poder, hay ejercer control absoluto de la administración de justicia. Es una fórmula que les ha funcionado a todos los regímenes comunistas y extremoizquierdistas desde cuando Lenin asumió el poder en 1921, hasta hoy. Colombia y Petro no serán la excepción.
Los totalitarismos de derecha e izquierda se sustentan en las armas, se mantienen en el poder gracias a la policía política y garantizan su supervivencia controlando a sus rivales, críticos y opositores a través de persecuciones judiciales.
Tremendo dilema que afronta la corte suprema de justicia. Sus magistrados tienen la obligación de elegir al fiscal de la terna enviada por el presidente de la República. Pero el papel de los togados no es mecánico. Ellos tienen que evaluar el perfil de cada una de las aspirantes y proceder a la votación. Además de la hoja de vida, deben analizar a fondo si son garantía de independencia y de ponderación.
Entregarle a Petro la fiscalía es tan peligroso como darle una ametralladora a un asesino en serie.
Lo cierto es que, para los colombianos, los 365 días de este año serán de todo menos sosegados. El presidente seguirá dando muestras de la intemperancia que emana de su talante criminal. Y le corresponderá a la cada vez menos eficaz oposición redoblar esfuerzos para evitar que el país continúe camino al abismo.
Publicado: enero 9 de 2024