Cuando surgieron las pruebas del maridaje de Ernesto Samper con el cartel de Cali, el entonces agente de la DEA en el país, Joe Toft sentenció que Colombia era un narcoestado.
Los tristemente célebres narcocassttes pusieron en evidencia la alianza criminal entre el partido liberal y la mafia para llevar a Samper a la Casa de Nariño.
Aunque se sospechaba que importantes miembros de la clase política colombiana estaban íntimamente ligados con la mafia desde mediados de los años 70 del siglo pasado, las grabaciones de la cúpula samperista con los hermanos Rodríguez Orejuela despejaron las dudas.
Buena parte de los congresistas que respaldaron a Samper también recibieron dineros de la mafia, y muchos de ellos terminaron en la cárcel: Carlos Alonso Lucio, Joselito Guerra, Rodrigo Garavito, María Izquierdo, Alberto Santofimio, fueron algunos de ellos.
La clase política no escarmentó con el proceso 8.000. Después vino la denominada parapolítica en la que un grupo de congresistas resultó involucrado con el paramilitarismo, investigación que desembocó en el encarcelamiento y condena contra un importante paquete de parlamentarios.
Durante la campaña presidencial de 2022 el país conoció los videos que demostraban los acercamientos entre la campaña petrista y el narcotráfico, operación que se conoció como el pacto de La Picota. Delegados del petrismo, encabezados por la cuestionada Piedad Córdoba y el oscuro Juan Fernando Petro, se reunieron con los más peligrosos narcotraficantes del país con el fin de acordar apoyos electorales y económicos, a cambio de impunidad.
Petro ganó y desde el comienzo de su administración ha dado muestras de querer cumplir su parte del acurdo: la lucha contra el narcotráfico se detuvo.
Los cultivos ilícitos crecen exponencialmente, las incautaciones de cocaína son cada vez menores, la persecución contra las estructuras del narcotráfico se detuvieron abruptamente, los grandes carteles se convirtieron en “interlocutores políticos” del gobierno y, para rematar, se adoptan medidas administrativas delicadísimas como la derogación de los decretos que servían como marco regulatorio de la lucha contra el microtráfico.
El mensaje es inequívoco: Gustavo Petro está convirtiendo a Colombia en una narcorepública y las consecuencias serán demoledoras.
Estados Unidos no se cruzará de brazos. En noviembre de 2024 se celebrarán las elecciones presidenciales y todas las previsiones apuntan hacia un mismo lugar: los republicanos ganarán, aumentarán sus mayorías en la Cámara y muy posiblemente tendrán el control del Senado, con lo que las sanciones contra Colombia serán implacables.
El argumento de que es necesario legalizar las drogas porque la guerra contra ese flagelo no se pudo ganar, resulta débil. Las sociedades no pueden cesar en el enfrentamiento de las amenazas que se ciernen sobre ellas. Los crímenes son perseverantes y esa realidad no es justificación para suspender la lucha contra aquellos.
Petro está concertado con el narcotráfico y está tomando decisiones de gobierno para favorecer a los principales cabecillas de las estructuras mafiosas de Colombia. Habrá más dinero corrupto circulando en el país, más violencia, más impunidad y, por supuesto, mayores fondos de la mafia hacia el pacto histórico y los aliados del presidente de la República.
Publicado: diciembre 12 de 2023