Martha Mancera es una servidora con experiencia de casi 30 años en la Fiscalía General de la Nación. Conoce como pocas personas el proceder de la delincuencia organizada.
Ella estaba en la Fiscalía antes de que Petro fuera presidente y seguirá allí cuando se cumpla el periodo del actual mandatario colombiano. La razón: su calidad de funcionaria de carrera.
Cuando la corte suprema eligió por unanimidad a Francisco Barbosa, él resolvió designar a Mancera como su segunda. La motivación era evidente: el conocimiento que esa señora tiene de la fiscalía, y sus grandes resultados en la lucha contra el crimen organizado. Los hechos hablaban y continúan hablando por ella.
¿Por qué Petro y sus terminales mediáticas en cabeza de Daniel Coronel tienen a la vicefiscal en la mira? La respuesta salta a la vista: la juiciosa investigación que se adelantó contra el hijo del presidente de la República, el criminal confeso Nicolás Petro Burgos quien se enfrenta a una dura a inminente sentencia condenatoria por el delito de enriquecimiento ilícito.
Petro, fiel a su ancestro delincuencial, resolvió vengarse de la persona que lideró el proceso contra su hijo “no criado”. Y la venganza no se debe a que la justicia se haya metido con el vástago criminal, sino porque la investigación puso en evidencia la montaña de delitos que se cometieron con ocasión de la campaña presidencial, a la que entraron miles de millones de pesos de la mafia.
La sucia artimaña del presidente consiste en enlodar a quien no le ha temblado el pulso para proceder contra la llamada “familia presidencial”, estructura que opera como una banda criminal.
No se trata de un caso de lawfare, sino de la aplicación rigurosa de la ley contra el clan Petro, empezando con Nicolás, continuando con Juan Fernando y culminando muy seguramente con Verónica, mujer cuya perdición será su adicción al dinero en efectivo.
Hace muy bien la vicefiscal general al enfrentar con entereza los ataques y los montajes que le están haciendo. Petro es un abusivo que en medio de sus jornadas de consumo de estupefacientes se envalentona y embiste a los altos funcionarios judiciales que no se han prestado para dejar impunes a los miembros de su entorno familiar.
Es legítimo en una democracia controvertir las decisiones judiciales, anteponiendo los principios republicanos del respeto y el acatamiento. Petro, en cambio, aplica las enseñanzas criminales de la banda terrorista M-19: los funcionarios de la rama jurisdiccional no se respetan; se queman vivos.
Si estuviera en sus manos, el fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y demás empleados de la FGN hace mucho estarían muertos. Como le es difícil asesinarlos, optó por la liquidación moral.
Publicado: noviembre 29 de 2023