Los demócratas defensores de la legalidad y de las libertades en España le han dado un ejemplo de entereza y civilidad al mundo, algo que bien podrían imitar los opositores al régimen corrupto, mafioso y extremoizquierdista colombiano.
Para entender el caso, es necesario hacer un breve resumen de la realidad política española. El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales, la cuales fueron convocadas luego de que la izquierda fuera aplastantemente derrotada en las votaciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El presidente de gobierno, el socialcomunista Pedro Sánchez disolvió las cortes y convocó las respectivas elecciones.
El PP perdió ganando. A pesar de haber obtenido el mayor número de escaños y de contar con el apoyo irrestricto de VOX, no logró la mayoría necesaria para conformar gobierno.
El sentido común indica que deberían hacerse unas nuevas elecciones, pero Sánchez, obstinadamente aferrado al poder, está haciendo algo que no cabe en la cabeza de ninguna persona sensata: negociando con el fugitivo de la justicia española, el delincuente separatista catalán Carles Puigdemont, quien cuenta con siete asientos en el congreso de los diputados, los cuales son necesarios para que Pedro Sánchez, aliado con el comunismo, con el terrorismo etarra y demás formaciones extremistas pueda renovar su gobierno.
El precio que el prófugo Puigdemont ha puesto es el de una amnistía, medida que riñe con el espíritu constitucional español.
Hasta no hace mucho, el propio Sánchez descartaba la aprobación y concesión de una amnistía. El 21 de julio, cuarenta y ocho horas antes de las elecciones, dijo públicamente que jamás pactaría una medida de esa naturaleza con la estructura liderada por Puigdemont.
Enemigo a muerte de la verdad, Sánchez estaba engañando a los electores que concurrieron a las urnas confiados en que el partido socialista obrero no favorecería la impunidad de un secesionista que se ha empleado a fondo en el propósito de destrozar la unidad territorial de España.
Urgido de los siete votos del partido de Puigdemont, Sánchez puso en marcha las negociaciones para pactar los detalles de una amnistía, hecho que estimuló al pueblo español a volcarse a las calles en dos manifestaciones multitudinarias que dejan muy claro que a Sánchez no le será fácil cumplir su propósito corrupto.
La primera marcha tuvo lugar en Madrid hace dos semanas y la segunda el pasado domingo en Barcelona, en el marco de una convocatoria de ‘Sociedad Civil Catalana’, organización que, como su nombre lo indica, está integrada por ciudadanos preocupados por el futuro de Cataluña y que, como es natural, se oponen a las políticas extremistas y xenófobas de los separatistas. Son catalanes que defienden la integridad social y territorial de España.
Más de trescientas mil personas se movilizaron en Barcelona, llegados desde distintas ciudades del país, para expresar su más firme desacuerdo con la posible amnistía que Sánchez le regalará al iracundo separatista que, paradójicamente, maneja el futuro de España desde su escondite en Waterloo, Bélgica.
Cuando el pueblo habla, los gobernantes abusivos quedan notificados.
Que los colombianos que se dicen opositores al modelo socialcomunista liderado por el corrupto Gustavo Petro, tomen atenta nota del proceder cívico, coherente y patriótico de los españoles que, al margen de sus diferencias partidistas, se han unido para evitar que llegue a buen puerto el pacto nauseabundo que se disponen a suscribir Pedro Sánchez y el delincuente Carles Puigdemont.
Hay que tomarse las calles, hay que dejar claro que los opresores estilo Petro tendrán que pasar sobre cientos de miles de personas para imponer su miserable voluntad.
Publicado: octubre 12 de 2023