Mucho se ha escrito y desvelado respecto del llamado ‘clan Jaller’, estructura delincuencial responsable del saqueo de miles de millones de pesos de la universidad y el hospital metropolitano de Barranquilla.
El cabecilla de esa estructura, el hoy prófugo de la justicia Carlos Jorge Jaller Raad, lideró un plan que desembocó en la sustracción ilegal de más de $100 mil millones de pesos, llevando al cierre permanente del hospital en cuestión, entidad que tenía más de 300 camas y que hoy, como consecuencia del desfalco, tiene sus puertas cerradas.
A comienzos de este año, una de las víctimas de los Jaller, Luis Fernando Acosta, reveló la existencia de una contabilidad criminal hecha a puño y letra de uno de los integrantes de la banda -Javier Cuartas Jaller- en la que se relaciona el pago de cientos de millones de pesos en sobornos a jueces, funcionarios públicos, abogados y periodistas.
Para enfrentar los procesos abiertos contra los miembros de su banda y los jueces y fiscales que hicieron parte de su nómina, y que están siendo procesados por la justicia, Carlos Jaller contrató un nutrido grupo de abogados en el que se encuentra el controvertido Antonio Luis González Navarro.
González fue fiscal durante algunos años. Entre los casos que llevó está el del joven Luis Andrés Colmenares, proceso del que fue separado por denuncias en el sentido de que habría acudido a falsos testigos para construir su teoría del caso. A comienzos de este año el proceso fue definido por la justicia a favor de ese profesional del derecho.
El ‘Clan Jaller’ pudo perfeccionar su estrategia a través del soborno de por lo menos tres jueces penales y de un fiscal de Barranquilla, servidores que fueron capturados, imputados y ahora se encuentran en etapa de juicio. Los nombres de esos operadores judiciales aparecen en la relación de sobornos pagados por los Jaller.
Curiosamente, González Navarro fungió como abogado de algunos de esos funcionarios corruptos. También fue nombrado como representante judicial de uno de los principales miembros de la estructura de Jaller: Manuel Raad.
La Real Academia Española define al rábula como el “abogado indocto, charlatán y vocinglero”. La calificación encuadra perfectamente en Antonio Luis González quien acaba de ser sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que ordenó suspender su ejercicio profesional durante 12 meses.
El proceso surgió como consecuencia de una seria de aplazamientos, presentación de recursos, nulidades, recusaciones y otros incidentes ocurridos con ocasión de una representación que González hizo de una exfuncionaria sometida a investigación disciplinaria.
En el auto que decretó la suspensión -decisión que sienta un importante precedente-, se lee que su actuar fue doloso “como quiera que el abogado interpuso recusaciones y presentó múltiples solicitudes de aplazamiento, manifiestamente encaminados al entorpecimiento o demorar el normal desarrollo del proceso disciplinario adelantado contra la alcaldesa local de Fontibón [la clienta de González]”.
Igualmente, en el fallo sancionatorio se expresó que “el abogado acusó temerariamente al servidor público en las audiencias realizadas los días 3 y 28 de septiembre de 2018, al dirigir expresiones injuriosas contra el personero delegado Luis Alejandro Herreño Pérez, pues lo acusó de ‘abusar del poder’, ‘tener un interés distinto a la ley’ y ‘seguir un procedimiento arbitrario’, entre otras”.
En marzo de este año, la comisión seccional de disciplina judicial de Bogotá encontró a González responsable y le impuso, en primera instancia, una ejemplarizante sanción: un año sin poder ejercer su profesión.
El abogado interpuso el recurso de apelación que acaba de ser resuelto por la comisión nacional, cuerpo que, entre sus consideraciones, recalcó que “los abogados tienen el deber de observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia…”.
Evidenciando el proceder barriobajero de González Navarro, se lee en el fallo que “es claro entonces que los irrespetos y la acusación temeraria por la que se le sancionó al disciplinable [González] en primera instancia, tuvieron su origen en la actividad profesional, al injuriar y acusar temerariamente durante la audiencia pública al personero delegado [la víctima de las vulgaridades proferidas por González]”.
Igualmente quedaron probadas las maniobras tramposas para dilatar injustificadamente el proceso en el que fungía como abogado de la otrora personera de Fontibón: “…el abogado González Navarro no solo presentó solicitudes de aplazamiento, sino que también propuso recusaciones, nulidades e interpuso recursos, todo lo cual, visto de manera recurrente y sistemática, y no por aparte e individualmente, lo que permite concluir que el profesional evidentemente tuvo la intención de dilatar el proceso”.
La sanción contra ese polémico abogado se constituye en duro golpe al ‘Clan Jaller’, cuyos integrantes, que están huyendo de la justicia, abusan de la administración de justicia de manera inverosímil.
A pesar de que se ha establecido el saqueo al que sometieron a la universidad y hospital Metropolitano, en los últimos meses han intentado buscar que un juez de la República les reestablezca los derechos ante esas instituciones. Una estrategia jurídica rebosante de alevosía: ¿Buscan recuperar el control de las entidades que desfalcaron para apropiarse de lo poco que dejaron?
Publicado: septiembre 8 de 2023