Desde el mismo instante en que se confirmó la muerte violenta del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, todos los ojos se han fijado en la extrema izquierda hispanoamericana. Son muchos los que se benefician con ese crimen que, de alguna manera, estaba advertido.
El primer sospechoso es, por supuesto, el prófugo expresidente del Ecuador Rafael Correa quien le preavisó a la víctima que pronto se le acabaría la fiesta con una implacable venganza. Y cumplió.
Pero no es el único. La peligrosa senadora petrista Piedad Córdoba, que en su momento fue documentadamente denunciada por Villavicencio, tendrá que responder. La viuda del dirigente asesinado, doña Verónica Sarauz, aseveró que la congresista colombiana, acorralada por los señalamientos que le hizo el desaparecido, reaccionó amenazándolo de muerte. No puede olvidarse que la poco elegante congresista colombiana le mentó la madre en su cuenta de Twitter.
Valga recordar que Villavicencio, que era un juicioso y valiente investigador, presentó evidencias adicionales que dan cuenta del maridaje entre la Córdoba y el hampón encarcelado en los Estados Unidos y testaferro de la dictadura venezolana Alex Saab.
Rauda, la congresista colombiana negó cualquier participación suya en el magnicidio del líder ecuatoriano. No es común que los determinadores de un asesinato lo reconozcan.
En sus redes sociales, la senadora petrista trató de responsabilizar al periodismo por los señalamientos que se le hacen. En palabras suyas, “por motivos que desconozco sectores de los medios de comunicación han creado una narrativa a la luz de la tragedia de la familia Villavicencio en la cual me involucran, afectando mi buen nombre”.
¿Buen nombre? Una mujer vinculada con el desfalco protagonizado por la dictadura venezolana, que cobraba jugosas comisiones para facilitar que el régimen de Chávez autorizara el pago a empresarios colombianos, que fue capturada con una mula sacando decenas de miles de dólares en el aeropuerto de Tegucigalpa, que pactó con los narcotraficantes recluidos en el pabellón de extraditables el apoyo a la candidatura de Petro, tiene todo menos “buen nombre”.
Villavicencio, efectivamente, le resultaba incómodo a muchas personas y estructuras político-criminales. Sus denuncias trascendieron a la región. Evidenció que la formación de extrema izquierda española Podemos, liderada por el extremista Pablo Iglesias y su esposa Irene Montero -actual ministra de Igualdad-, recibió 2.6 millones de euros en contratos asignados a dedo por el gobierno de Rafael Correa, según reportó el prestigioso medio de comunicación de España Ok Diario.
De acuerdo con el reportaje, la fiscalía ecuatoriana, desde diciembre del año pasado, gracias a la denuncia formulada por el desaparecido Villavicencio, inició una investigación por el delito de peculado, teniendo como base el hecho de que el régimen de Correa otorgó ilegalmente contratos a favor de Irene Montero y del diputado podemita Rafael Mayoral. Esas dos personas están siendo investigadas por las autoridades del Ecuador.
La justicia colombiana no va a hacer nada en contra de Córdoba. La sala de instrucción de la corte suprema se encargará de continuar asegurándole la impunidad. Sus vínculos con Saab, su evidente enriquecimiento ilícito, el lavado de dólares y el asesinato de Villavicencio no le acarrearán ninguna consecuencia judicial en Colombia.
Pero con lo que no contaban Córdoba, Correa y demás, es que el FBI entraría a la investigación. En ese inesperado escenario, las cosas se ponen a otro precio. Ojalá no reaccionen asesinando a más personas, sobre todo a aquellas, como la viuda de Villavicencio, que han tenido el valor de señalar con nombres propios a los posibles determinadores del magnicidio.
Publicado: agosto 14 de 2023