Por lo general, los ambientalistas abusan de la retórica y carecen de pragmatismo; pero sus posturas apasionadas no ofenden, por el contrario, despiertan simpatía. Para satisfacción de ellos y bien de la humanidad, sus prédicas líricas en favor de la conservación planetaria, empiezan a adquirir racionalidad y realismo.
Contrario sucede con los populistas regresivos, quienes tan solo propalan obtusas ocurrencias y disparatados repentismos en materia de transición energética y sostenibilidad ambiental, para intentar mostrar progresismo en sus anacrónicas concepciones económicas y mimetizar sus limitaciones ideológicas en términos de progreso y desarrollo.
Por fortuna, el avance en la transición energética y el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental, no depende de parlanchines ni demagogos, tan solo depende de científicos, profesionales, técnicos y estadistas. Prueba de ello, es la emisión y circulación de los Bonos de Carbono o CER (Certificados de Emisiones Reducidas) y de los Bonos Verdes; títulos valores que vivifican las propuestas de la Conferencia de Estocolmo, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, entre otras cumbres ambientalistas, y materializan la vieja aspiración mundial de crear mecanismos prácticos para combatir la contaminación, disminuir las emisiones nocivas y detener el calentamiento global.
La creación de los CER y los Bonos Verdes, se fundamenta en la noción jurídica que establece que, la emisión de dióxido de carbono genera un valor adverso al medio ambiente que es medible y negociable a precios de mercado. En consecuencia, quien contamine debe pagar por ello y quien descontamine puede obtener un ingreso. En esencia, el activo subyacente que respalda la emisión de los CER y de los Bonos Verdes es el ahorro en términos de contaminación.
Para regular la emisión de los Bonos de Carbono, la disminución de la contaminación se mide en toneladas de dióxido de carbono y se convierte a CER a razón de un CER por cada Tonelada de CO2 que se deje de emitir.
Los CER se emiten en proporción a la reducción en la contaminación y son adquiridos por las empresas que insisten en aumentarla. Son fuente de nuevos ingresos para las empresas que optan por los llamados procesos limpios de producción y de aumento de costos para las contaminantes. Desde la perspectiva fiscal, los CER son un ingreso para unos o un costo no deducible para otros.
Para contribuir a la nivelación de la economía mundial, las naciones afectas al Protocolo de Kyoto, además de desplegar programas para reducir la contaminación, pueden financiar proyectos que busquen el abatimiento de emisiones en países en vías de desarrollo, lo que les acredita tales disminuciones como si fueran propias.
A su vez, los Bonos Verdes se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, como son, la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables en diversas áreas como conservación de páramos, mantenimiento de reservas forestales, generación de energía renovable, transporte limpio o manejo responsable de residuos.
Reconforta, que sean varias las empresas colombianas que están estructurando proyectos para acceder a esta nueva fuente de financiamiento e incorporando a sus labores, políticas de gestión y responsabilidad ambiental sostenible.
También reconforta que, durante el Gobierno del presidente Iván Duque, la nación haya iniciado su transición y diversificación energética, y, definido su política de sostenibilidad ambiental, al punto que, por primera vez en su historia, Colombia se ubique entre las cinco (5) primeras naciones del ranquin mundial que mide las Condiciones de Transición Energética (Climatescope), elaborado por Bloomberg NEF, logrando avanzar nueve puestos en un solo año.
Este señalado logro en parte se obtuvo, por el establecimiento e implementación de un sistema de subastas de energía limpia, que hace seguimiento a las tendencias de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. No en balde, algunos llaman al expresidente Iván Duque, pionero de la transición energética y de la sostenibilidad Ambiental.
Tal y como hace más de 10 años lo advertí en mi columna de revista Semana, el sector productivo cada día estará más gravado con nuevos tributos, que serán ponderados entre la capacidad para contaminar o la responsabilidad ambiental para evitarlo.
En menoscabo de tantos empeños conservacionistas, la generación de energía sigue siendo una de las actividades más contaminantes. Si bien la electricidad es una energía limpia, su generación en centrales térmicas a partir de la quema de combustibles fósiles o en plantas nucleares, genera residuos contaminantes de difícil destrucción o reutilización. Por fortuna algunas naciones, entre ellas Colombia, han entendido la necesidad de promover la creación de nuevas fuentes de energías limpias, entre ellas, la hidráulica, eólica, la fotovoltaica y la termosolar.
Empero, Colombia y muchas otras naciones se mantienen sujetas a la generación de energía hidráulica, la que a pesar de su reducida contaminación y bajo costo de producción, resulta muy onerosa para el consumidor industrial y residencial.
El país debe seguir avanzando en su matriz energética, consultando la sostenibilidad ambiental, las distintas alternativas de generación, y en especial, que se racionalicen los costos de producción, interconexión y comercialización para reducir las abusivas tarifas que resignadamente pagan los consumidores.
Publicado: agosto 21 de 2023
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Profesor Universitario.