El comunicado de Petro respecto de la revelación de Semana sobre los $3 mil millones de pesos es, ante todo, una notificación a Gabriel Gilinski, principal accionista de esa revista.
Desde Alemania, mientras lamentaba el fin del brutal régimen comunista y el desplome del muro de Berlín, Petro compartió en su cuenta de Twitter una carta de 6 puntos. En el segundo hizo referencia a la familia Gilinski, recordando asuntos del pasado, recalcando que “los mismos propietarios de la revista [Semana] son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano”.
Igualmente, hizo referencia a la negociación que desde hace más de un año adelantó la familia Gilinski con quienes controlan al llamado GEA por las acciones de Nutresa, al decir que “Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia”.
¿Por qué el presidente, en una controversia por un asunto tan delicado como el escándalo de Laura Sarabia, Armando Benedetti, el supuesto suicido del coronel Dávila y los dineros en efectivo que fueron robados y que, precisamente, Semana asegura se trata de $3 mil millones de pesos y no de simples U$7 mil dólares como atropelladamente alega Laura Sarabia, tiene que mencionar pormenores de su relación con la familia propietaria del medio de comunicación que ha hecho graves denuncias y delicadas revelaciones contra él y contra su familia? El comentario de Petro más que reflexión tiene el tono de notificación.
No es la primera vez que un presidente se vale de su poder para constreñir a los dueños de medios de comunicación.
En este portal se han evidenciado las impresionantes similitudes del caso Petro con el proceso 8.000. Es prudente entonces refrescar datos respecto de la persecución desatada por Samper contra determinadas programadoras y noticieros para prever lo que posiblemente le sucederá a Semana y a sus accionistas si no se empiezan a observar obediencia ante Petro.
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Cuando Ernesto Samper ejerció la presidencia de la República, la televisión pública aún era poderosa e influyente. Las licencias de los canales privados, RCN y Caracol fueron otorgadas en 1997, cuando faltaba un año para que finalizara ese narcogobierno.
Tanto en el Canal 1 como en el Canal A, operaban programadoras privadas que obtenían sus espacios a través de licencias que otorgaba el gobierno nacional a través de una institución altamente politizada llamada Comisión Nacional de Televisión.
El control, entonces, estaba en manos del gobierno de turno.
El escándalo del proceso 8.000 se hizo público gracias a que en 1994 el Noticiero 24 horas que era de la familia del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado se atrevió a publicarlos. Los llamados Narcocasetesfueron remitidos a casi todas las salas de redacción de los noticieros colombianos. Todos, excepto 24 horastuvieron temor de reproducirlos. Dada la gravedad de las charlas entre Miguel Rodríguez Orejuela y su relacionista público el periodista Alberto Giraldo, el doctor Gómez Hurtado no dudó en emitirlos.
Otros noticieros, QAP y TV Hoy –de la familia Pastrana- también fueron acuciosos en la investigación y denuncia de la corrupción del gobierno de Samper y de su maridaje con el narcotráfico.
La franja ciudadana opositora al narcorégimen, le otorgó a Álvaro Gómez la jefatura de la oposición. Desde las emisiones de 24 Horas y a través de sus demoledores editoriales en El Nuevo Siglo, las fechorías de Samper y sus secuaces, eran develadas ante una sociedad asqueada con las pruebas que demostraban que dignidad de la República le había sido pignorada al narcotráfico. El 2 de noviembre de 1995, matones al servicio del gobierno acabaron con la vida de ese gran periodista e inigualable líder político, crimen que continúa en la impunidad.
Samper puso al frente del Ministerio de Comunicaciones a dos politicastros de la peor calaña. Primero estuvo Armando Benedetti Jimeno -padre de Armando Benedetti, el delator de Petro, después Saulo Arboleda y culminó con José Fernando ‘El Gordo’ Bautista. Entre ese par de individuos se trazó el plan para silenciar de una vez y para siempre a las programadoras que emitían a través de los canales de televisión públicos, y que habían tenido la osadía de denunciar los delitos de Samper.
La cuenta de cobro llegó en septiembre de 1997, cuando le quedaban 11 meses al régimen. La licitación por medio de la cual se asignaban los espacios fue debidamente manipulada con el fin de noquear a las programadoras consideradas como “enemigas”.
La jugadita también se extendió a las frecuencias radiales, y la tramoya se hizo evidente cuando el país conoció el audio de una conversación entre los ministros de Minas Rodrigo Villamizar y el de Comunicaciones Saulo Arboleda, en el que se acordaba manipular el proceso licitatorio para que la mitad de las emisoras fueran adjudicadas a los amigos del narcopresidente Samper. Esa vulgar charla desembocó en el llamado escándalo del miti-miti.
Lo cierto es que Samper se salió con la suya. Después de la licitación, 24 Horas perdió el espacio estelar de las 7 de la noche que venía ocupando desde 1977, razón por la que dos años después -y por asfixia económica- tuvo que salir del aire para siempre.
QAP -que era dirigido por María Isabel Rueda- dejó de emitir el 31 de diciembre de 1997. TV Hoy, que era de la programadora ‘Datos y Mensajes’ de la familia Pastrana, también fue perjudicada en esa licitación, cosa que no tenía porqué sorprender dado que el principal denunciante en el proceso 8.000 fue, precisamente, Andrés Pastrana Arango quien fue derrotado en las elecciones de 1994 gracias a los dineros sucios que Samper le metió a su campaña.
Otro periodista al que Samper le pasó factura fue Julio Sánchez Cristo. Su familia es propietaria de Producciones JES. Sánchez, que en la época del 8.000 dirigía el programa radial Viva FM fue uno de los periodistas más críticos e incisivos contra Samper quien, cual malandro de esquina, propuso el desquite con la tristemente célebre licitación de 1997. El resultado para Producciones JES fue lamentable. Le correspondieron los peores horarios en uno de los dos canales públicos.
Con el 8.000, Samper ajustó cuentas con los periodistas que él consideraba enemigos quitándoles espacios en la televisión pública. Treinta años después, Petro le envía notificaciones mafiosas y amenazantes a la familia del principal accionista de la revista Semana. La conclusión es que los presidentes enlazados con la mafia siempre buscan la manera de callar a los medios y a los periodistas que les resultan incómodos. ¿Petro logrará “disciplinar” a Gilinski y callar a Semana? Por ahora queda claro que Vicky Dávila seguirá como directora de la revista que tanto malestar genera en el mandatario de los colombianos.
Publicado: junio 20 de 2023