Colombia es un país que pasa de un escándalo a otro en un abrir y cerrar de ojos. A comienzos de año, la crisis fue desatada por las demoledoras revelaciones de la exesposa de Nicolás Petro respecto de los cientos de millones de pesos que aquel recibió de manos del narcotráfico.
El propósito de sujetos tan oscuros como el denominado hombre Marlboro, Samuel Santander Lopesierra y alias el turco Ilsaca era que sus aportes llegaran a la campaña presidencial de Petro.
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Si lo dicho por la despechada Daysuris Vásquez es cierto, resulta entonces que el primogénito de Petro se robó más de mil millones de pesos. Las pruebas fueron aportadas. Además de la lujosa mansión en Puerto Colombia, hay un CDT comprado, según Vásquez, con el efectivo que recibió el intrépido Nicolasito.
¿Y qué pasó? Hubo anuncios pomposos de investigaciones rigurosas. La clase política tradicional reclamó una investigación exhaustiva. La débil oposición exigió que se llegara al fondo del asunto, y hasta el presidente Petro marcó astuta distancia de su hijo argumentando que él no había participado en la crianza de su cuestionado vástago.
Han pasado más de 3 meses desde que el país conoció esos hechos sin que haya resultados palpables. Seguramente la situación permanecerá así.
Que nadie se escandalice: el caso Sarabia-Benedetti correrá la misma suerte. La otrora poderosa jefe de gabinete de Petro se saldrá con la suya. Los delitos cometidos por ella -ya sea como determinadora o autora- quedarán en la impunidad. La apuesta de los socialcomunistas consiste en ganar tiempo hasta que se cumpla el periodo del actual fiscal general de la nación.
No ocultan su emoción porque saben que en febrero tendrán a un fiscal de bolsillo que se encargue de tapar las fechorías que han hecho y que harán.
Francisco Barbosa ha cumplido con su deber, pero está solo. Es objeto de los más feroces ataques y, hay que decirlo, su vida estará en grave riesgo cuando termine sus funciones al frente de la fiscalía.
Los que se atrevan a poner en riesgo la estabilidad del régimen han quedado plenamente notificados por cuenta del supuesto suicidio del coronel Óscar Dávila, un hombre clave en la investigación que se adelanta por los delitos que ordenó Laura Sarabia en contra de la exniñera Marelbys Meza.
Los audios previos a su muerte, el oficio que radicó ante el fiscal Barbosa y su comportamiento, como el supuesto pago de honorarios a su abogado, no delataban en absoluto planes suicidas. Será la justicia la que determine qué sucedió, pero lo hasta ahora conocido arroja muchísimos interrogantes: ¿Por qué una persona que está armada recurre a la pistola de su escolta para acabar con su vida? ¿Por qué el escolta dejó el arma en el vehículo? ¿Por qué en las cámara de seguridad se observa al escolta ansioso asomándose hacia el lugar en el que estaba la camioneta? Ninguna hipótesis puede ser descartada.
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Ni Petro ni el ministro de Defensa son autoridades de medicina legal, ergo no tienen facultades para concluir, como hicieron desde el primer instante, que el coronel Dávila se suicidó.
Es posible que la conclusión de Petro sea cierta, pero también es posible que estemos ante un crimen de Estado contra una persona que efectivamente tenía mucha información que pondría al gobierno en serios problemas, información que evidentemente iba a ser puesta en conocimiento de la justicia.
Imposible no traer a la memoria el caso del conductor de Horacio Serpa, el señor Darío Reyes, asesinado en la avenida circunvalar -al oriente de Bogotá- mientras se desplazaba hacia la fiscalía con el fin de revelar muchos detalles del proceso 8.000. Reyes conocía muchos secretos de Serpa quien murió sin responder por ese crimen, por su participación en la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper y por su papel de determinador del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.
El escándalo de Petro lleva menos de dos semanas. Seguramente saldrán a la luz muchas más evidencias de hechos asquerosos ocurridos en su campaña. La indignación nacional seguirá aumentando, el mandatario socialcomunista radicalizará su discurso extremista, el fiscal Barbosa tratará de hacer lo que le sea posible, pero al final del día nada sucederá. Todo quedará debidamente tapado como cuando a Samper, contra toda evidencia, 111 representantes a la Cámara le precluyeron la investigación que cursaba en su contra.
Publicado: junio 15 de 2023