Lo que sucedió la semana pasada en Caquetá es realmente inaceptable. La Fuerza Pública no puede ser rehén de nadie ni mucho menos su accionar se puede condicionar a las exigencias que tengan grupos civiles o armados. El ejercicio de la legítima autoridad del Estado es una labor que debe estar fuera de cualquier discusión y frente a la cual no puede renunciar ningún Gobierno.
En especial, porque el mensaje que se envía con este tipo de actuaciones es de suma gravedad. Las comunidades podrán secuestrar a los soldados y policías sin consecuencia alguna y, de hecho, entre más lesiva sea su conducta, más rápido saldrán los Ministros a negociar con ellos.
Una dinámica peligrosa que debe detenerse de inmediato, dado que de no hacerlo el País se verá condenado a ver infinidad de paros, secuestros o tomas por doquier. Y lo peor, sin que la Fuerza Pública tenga un respaldo efectivo.
Porque claro, al fin y al cabo los paros y secuestros se levantan con el tiempo, pero los daños causados a los uniformados no. Nadie podrá devolverle la vida al miembro del Esmad que fue asesinado y difícilmente se recuperará la confianza de una tropa que cada vez más se siente aminorada.
Y no es para menos. Día tras día se premian a los narcos, secuestradores y violentos, y nada se hace por quienes defienden la institucionalidad. Los bandidos obtienen beneficios judiciales e, inclusive, se les oferta la posibilidad de mantener parte de las rentas ilícitamente obtenidas, pero a los soldados y policías nadie les ponte atención. Como fusibles que se queman a la orden de las necesidades.
El problema con esto, además del riesgo intolerable al que se exponen, es que a mediano plazo, si las cosas no cambian, ningún incentivo tendrán las personas para vincularse y permanecer en las instituciones castrenses. Si no se pueden defender ante las agresiones, si premian a los malos y si no tienen respaldo alguno por parte de las cabezas, qué sentido tiene arriesgar su vida a diario.
Algo que puede fracturar la estabilidad del pie de fuerza y dejar a la merced de los criminales a los millones de Colombianos que hoy en día son protegidos por una Fuerza Pública que es mirada con recelo desde el mismo Gobierno.
Por eso, antes de negociar con narcos y bandidos, el bienestar y la moral de la tropa debería ser la prioridad número uno de la administración. No puede haber paz total si se elimina de tajo el ejercicio de la legítima autoridad del Estado. La Fuerza Pública es quien sostiene nuestra democracia y no pueden seguir siendo tratados como actores de reparto cuando su protagonismo es el que ha mantenido vivo durante dos siglos el anhelo de País.
Publicado: marzo 9 de 2023