No es infundado el temor que experimenta el sector productivo, ante los improvisados anuncios y precipitadas decisiones de Petro y su comparsa de ministros, entre ellos, los de Justicia, Minas, Salud, Trabajo, Transporte y Hacienda, quienes terminaron fungiendo de encubridores y espadachines de los perversos despropósitos de un gobierno corrupto, inepto y sin norte.
Esta semana, y, a pesar de estar advertido, tomé la equivocada decisión de asistir a un desayuno con el Ministro de Hacienda, y lo que le escuché, francamente sobrecoge y deprime.
La esclarecida dialéctica del otrora brillante y sobresaliente economista, quedó reducida al sainete de un vendedor de ilusiones y humo, y, al de un solapado y confundido crítico del gobierno anterior y de su antecesor.
Si bien nunca entendí, cómo José Antonio Ocampo aceptó ser ministro de Petro, ahora sí lo empiezo a entender. Su decadencia intelectual es manifiesta. Su falta de rigor, claridad y coherencia es evidente, así como su insuperable dificultad para ordenar ideas, transmitirlas y sustentarlas.
Pero peor aún resulta, su negacionismo a reconocer el formidable desempeño que tuvo la economía durante el gobierno del presidente Iván Duque luego de la pandemia, al igual que la cuantiosa e inestimable ayuda que le brindó al sector productivo para mitigar sus devastadores efectos, así como la destrucción de miles de empresas y empleos durante el mal llamado “paro cívico”, solapadamente promovido por Petro y alentado por sus corifeos. Al parecer, Ocampo no advierte, que su disparatada y mezquina prédica, solo contribuye a crear más desconfianza, zozobra e incertidumbre en el sector productivo.
No se debe olvidar, que al culminar el 2022, Colombia logró situarse, en términos de crecimiento, por encima de las economías más avanzadas y en una posición privilegiada en América Latina, lo que le permitió consolidarse, como una economía con enorme potencial en materia de expansión y crecimiento, y muy atractiva para la inversión nacional y extranjera.
Ese desempeño se evidenció en indicadores ciertos de recuperación de la tasa de empleo anterior a la contingencia sanitaria y de generación de nuevos puestos de trabajo, así como de mejoramiento en las estrategias para alentar la inversión privada, y con ello, promover mayor expansión económica y progreso social.
Esos resultados positivos al cierre del 2022, deberían alentar la esperanza y crear un panorama positivo y promisorio, en el que se desearía que en el 2023 la economía creciera a una tasa superior al 5%. Pero al parecer, no será posible alcanzar ese ritmo de crecimiento, en razón a que, desde el último trimestre del año anterior hasta la fecha, son visibles los síntomas de desaceleración, así como de razonable preocupación por los efectos adversos que traerá la entrada en vigencia de la recesiva y regresiva reforma tributaria, al igual que los anuncios de promover improvisadas e irresponsables reformas a la salud, el trabajo, las pensiones, la justicia y hasta la educación, lo que ha puesto en alerta a amplios sectores de la opinión pública.
Desde la llegada de Petro a la presidencia, las señales de desaceleración económica son manifiestas. Si bien mantener una tasa tan empinada de crecimiento como la del año anterior, de suyo, causa inflación, es claro que, la que terminamos acumulando en el 2022 y estamos hoy afrontando, es el resultado natural de los erráticos anuncios y declaraciones de Petro; inflación que seguirá reduciendo la capacidad de compra de la población, causando más pobreza y exclusión, y originando inestabilidad macroeconómica.
A su vez, el déficit fiscal, antes que reducirse, de seguro aumentará y sobrepasará el 7%, y, el de cuenta corriente el 9%, con todo y que la reforma tributaria no sea declarada inexequible por la Corte Constitucional, hecho poco probable y, de no suceder así, los estragos que la reforma causará en materia de inversión en el sector industrial, comercial, minero y energético serán catastróficos.
No en vano, las proyecciones y los pronósticos de crecimiento para el 2023 son discretos y conservadores. Para la ANDI, el crecimiento probable de la economía colombiana podría situarse tan solo en el 1%, tasa por demás pírrica que reduce las posibilidades de generación de empleo, disminución de pobreza y emprendimiento de nuevos proyectos de inversión productiva.
Si bien la economía mundial enfrenta circunstancias adveras, como son, los efectos tardíos del Pos-Covid, la invasión de la península de Crimea y la adopción de políticas de contracción monetaria, popularmente llamadas “posturas hawkish”, es claro, que el deterioro de la economía nacional responde más a las políticas del gobierno que al influjo de esos factores globales.
Difícil, muy difícil y poco probable será, que Colombia vuelva a alcanzar una tasa de crecimiento como la que obtuvo en 2022 y menos probable, en un gobierno radical de ultra izquierda, en medio de una inflación y una devaluación galopantes, causadas por la regadera de sus absurdos anuncios y decisiones.
Hace aún más oscuro el horizonte, el aumento desmesurado de las tasas de interés y con ello, las dificultades que tendrá que afrontar el sector real y la economía en general, para fondear sus operaciones con recursos de crédito.
Aunque soy optimista por convicción y conveniencia, el pesimismo que me asalta es sustentado en cifras reales y no en prestidigitaciones ni quimeras, como las del antes admirado y hoy desdibujado Ministro de Hacienda.
Publicado: marzo 13 de 2023
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Especializado en Derecho Comercial y Financiero. Magister en Derecho Empresarial. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.