Si hay algo que marca la diferencia entre un estado de derecho y una dictadura es el respeto a la ley, a los procesos y a las instituciones, cuando de una u otra manera el dirigente de turno los ignora y la sociedad lo acepta, empieza la debacle.
Las democracias tienen un modelo de pesos y contrapesos, además de infinidad de leyes e instituciones que su función es proteger al ciudadano del Estado. Aunque muchas de estas tienen problemas o pueden estar mal diseñadas y manejadas, se deben respetar.
Desafortunadamente el gobierno de Petro se ha pasado por la faja muchas veces y en muchos casos a las entidades y leyes generando una desinstitucionalización del país, empezando por el hecho de que desde hace más de tres semanas escogió como balcón veintejuliero a Twitter, y desde ahí gobierna, controvierte y da órdenes todos los días.
Pero no solo ha sido lo expuesto anteriormente, si hacemos un recuento desde su posesión vemos casos fehacientes que demuestran que ese es su talante.
El cambio del precio en el SOAT fue tal vez el primer caso donde se saltó todo. Decidió sin estudios y perjudicando la cobertura del seguro el precio a una parte de la sociedad. Para esto no tuvo en cuenta ni los estudios técnicos, ni a los especialistas, ni a las aseguradoras para hacerlo.
La toma por derecha del control de los precios de los servicios públicos dejando al lado a la Superintendencia de Servicios Públicos, aunque todavía no ha ejercido ese control, se espera lo haga pronto, de nuevo sin estudios técnicos de las razones y condiciones de los precios.
El cambio después de veinticuatro horas del presidente de la junta de Ecopetrol por razones personales, sin respetar el gobierno corporativo de la entidad que, aunque es en su mayoría del Estado, está inscrita en mercados accionarios y se espera que respeten los procesos. El retiro posterior del presidente de la entidad por diferencias conceptuales deja un mal mensaje a los mercados, esperemos que su reemplazo sea adecuado.
La excarcelación de los bandidos de la primera línea para convertirlos en gestores de paz, es tomar la justicia en sus manos y definir quién sale y quién se queda. Afortunadamente sobre este tema en particular las instituciones han logrado defenderse parcialmente.
La toma hostil del Metro de Bogotá es otro acto que no respeta los procesos ni los contratos ni nada. Saltarse a la alcaldesa y llamar a los contratistas para pedir cambios en su construcción es alarmante. Ahora pretende ir directamente a negociar estos cambios sin tener en cuenta los riesgos, sobrecostos y características técnicas del proceso.
En sesiones extraordinarias del Congreso fue radicado el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno en muchos temas. Desafortunadamente viene con veneno. Existen más de 12 propuestas para dar facultades extraordinarias al presidente para que vía decretos cree y elimine instituciones y cambie leyes sin el concurso de nadie más, esto, aunque algunos analistas dicen que otros gobiernos lo habían utilizado, los cambios que se pretenden son extremos; es cambiar el funcionamiento del país. Esperemos que el Congreso enmermelado recapacite y no le apruebe estas facultades adicionales.
Ahí otro mar de hechos como nacionalizaciones express, nombramiento de personas sin cumplir requisitos y otorgamiento de facultades a personas no idóneas, etc.
Sólo llevamos seis meses y se puede ver su forma de gobernar y hacia dónde nos quiere llevar. Los colombianos debemos ser conscientes del riesgo que tenemos pierna arriba y hacer control y seguimiento a todo lo que se viene.
Publicado: febrero 13 de 2023