La cooptación de poderes por parte de Gustavo Petro es evidente. El congreso, cuerpo colegiado que está llamado primordialmente a ejercer control político, se ha convertido en centro notarial del gobierno nacional. Las cómodas mayorías oficialistas ejercen como aplanadora frente a la lánguida oposición que cada vez tiene un menor margen de maniobra.
En aras de la llamada ‘paz total’, el Ejecutivo ha planteado acciones claramente ilegales como es la excarcelación de narcotraficantes con pedido de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos.
Es evidente que el jefe de Gobierno tiene la facultad de solicitar la suspensión de órdenes de captura y la liberación de personas que hagan parte de grupos armados organizados al margen de la ley, con las que se adelanten diálogos que puedan conducir a la suscripción de acuerdos de paz.
Pero esa potestad tiene límites creados por las leyes vigentes. El presidente de la República no puede disponer la libertad de delincuentes comunes, mucho menos la de personas capturadas con fines de extradición, como efectivamente está sucediendo.
Gracias a la intervención del fiscal general de la nación Francisco Barbosa, Petro no se ha salido con la suya. En los listados que ha presentado se encuentran los nombres de narcotraficantes puros que son requeridos por distintas cortes estadounidenses.
Es por eso que, según ha revelado Barbosa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está observando con mucho detenimiento la ‘paz total’ de Petro, pues la misma puede convertirse en un mecanismo para favorecer al narcotráfico y al terrorismo.
En palabras del fiscal general en entrevista con la periodista María Isabel Rueda, “…los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel, sin que se cumplan los requisitos para evitar una extradición a Estados Unidos”.
Petro no puede gobernar por encima de la Constitución. El debe ser respetuoso de la Carta y su programa de gobierno debe estar circunscrito a ella. El Estado no puede ponerse de rodillas ante la criminalidad como pretende hacer el comisionado de paz Danilo Rueda, un sujeto oscuro que no les ha revelado a los colombianos cuál es su agenda real, ni cuáles son los compromisos que ha adquirido con los grupos ilegales con los ha tenido acercamientos.
Así que, en tiempos de peligroso unanimismo, para el bien de la democracia, es urgente que se rodee al fiscal Barbosa, al defensor del pueblo Carlos Camargo, a la procuradora Margarita Cabello, funcionarios que han tenido la valentía de exigir respeto por las normas y evitado que el presidente de la República haga lo que le viene en gana.
Publicado: enero 24 de 2023