Reducir los contratos de prestación de servicios de 12 a 4 meses, con posibles renovaciones, es una improvisación que empeorará un problema ya existente. El Gobierno hace anuncios rimbombantes sin sustento técnico y sin medir el caos que se generará con esta decisión.
Y no es que las prestaciones de servicio sean la maravilla, porque están bien lejos de serlo. De hecho, las nóminas paralelas se convirtieron en uno de los mayores problemas presupuestales del Estado, dado que no solamente absorben recursos de funcionamiento, sino que para cubrir cuotas políticas se termina destinando dinero de inversión. Una práctica ampliamente practicada, pero que ciertamente raya con la ilegalidad.
En otras palabras, una burocracia que en la mayoría de los casos es completamente innecesaria e ineficiente coopta buena parte del presupuesto que las entidades deberían destinar para proyectos que generen valor agregado, a tal punto que en muchas ocasiones la nómina de contratistas supera de manera descarada la planta de personal de las instituciones.
Por eso, todo esfuerzo que se haga para reducir el tamaño del Estado y liberar recursos es bienvenido. Sin embargo, lo que está haciendo el Gobierno Petro es una improvisación sin precedentes que terminará generando una situación mucho peor a la que actualmente existe por varias razones.
En primer lugar, formalizar a los casi 1 millón de contratistas que tiene el Estado e incluirlos en la planta oficial de las entidades acarrea un costo fiscal sin precedentes. Habrá que ver si el recaudo de la nefasta reforma tributaria que desangra al sector productivo se terminará utilizando para costear burocracia.
En este tema, al igual que en otros, la sensatez que le sobra al Ministerio de Hacienda le hace falta, mucha falta, a la Casa de Nariño.
En segundo lugar, es imposible realizar ese proceso de formalización en cuatro meses. Las entidades no tienen la capacidad logística y administrativa para realizar una transición tan compleja en tan poco tiempo, algo que el propio Ministerio del Trabajo advirtió.
En tercer lugar, lo que terminará sucediendo con esos contratos de prestación de servicios a cuatro meses es, por un lado, una precarización aún mayor de las condiciones laborales de los contratistas y, por otro lado, un constante chantaje entre el Gobierno y el Congreso que no va a terminar nada bien.
En especial, en un año donde hay elecciones, entra a regir la Ley de Garantías y los contratistas no habrán terminado de firmar el contrato cuando ya tendrán que empezar a pedalear la renovación. Una dinámica donde se crean las condiciones perfectas para que se presenten más casos de acoso laboral, ya que los contratistas terminarán siendo presos de la voluntad de los directores de las entidades, quienes tendrán que autorizar tres contratos para cubrir 12 meses, mientras que actualmente solo es uno.
En últimas, con esta improvisación no se acabarán las nominas paralelas, se aumenta el riesgo de disparar los costos de personal de las entidades y se creará un infierno laboral para los contratistas.
Publicado: enero 12 de 2023