El nombramiento de delincuentes y criminales detenidos durante el mal llamado paro nacional como “gestores de paz”, es un despropósito que merece rotundo rechazo de la nación, por burlar la sociedad, desconocer la independencia y autoridad de la justicia y violentar el orden legal y, por ende, constitucional.
Si bien Petro anunció durante su oscura campaña, que liberaría a estos rufianes que simpatizaban con su mentiroso sainete populista, es repudiable que ahora les compense y premie las atrocidades y el vandalismo con que asolaron el país.
La pretensión de Petro de legitimar la violencia y la barbarie, responde a su irremediable inclinación por las vías de hecho, que son inherentes a su formación disociadora y subversiva, y a su desprecio por la estructura democrática del Estado y por la división de poderes propia del sistema republicano.
Lo decidido por Petro es una afrenta a la sociedad y a la justicia, así como una peligrosa intromisión en asuntos judiciales, y, en el fondo, una demostración de su complacencia con la violencia, mediante el otorgamiento de prebendas y privilegios a quienes la ejercen.
Lo establecido en la Ley 2272 de 2022, es otra avanzada de la intensión de Petro y de su bancada en el Congreso, de concentrar todos los poderes en el presidente en desmedro de la democracia y para debilitar las otras ramas del poder.
No se entiende cómo, en esa abusiva y abiertamente inconstitucional ley, entre muchos adefesios se indica que, “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.”
Lo establecido en este remedo de ley, es una peligrosa concentración de poder y una extralimitación de las funciones del presidente, además de constituir un grave antecedente que exhorta a la consecución de cualquier objetivo mediante el empleo de las vías de hecho, las que quedarían exculpadas a criterio discrecional del presidente.
Si bien la Carta garantiza y protege el derecho a la manifestación cívica y pacífica, este derecho no es ilimitado, ni exime de responsabilidad a quienes se valen de su ejercicio para alterar el orden público y perturbar la tranquilidad de la sociedad.
No en vano la Corte Constitucional de manera reiterada, clara e inequívoca ha manifestado, que ningún acto de violencia, barbarie o criminalidad puede tener protección constitucional y que ningún pretexto es válido para intentar justificar la comisión de ellos.
La liberación de las hordas vandálicas de la mal llamada primera línea, es un acto abiertamente inconstitucional y por demás abusivo, desmesurado y desestabilizador, que le atribuye amplias y muy peligrosas facultades a un gobernante que se hizo elegir en la democracia para luego acabar con ella.
Que nadie se equivoque, la amenaza que se cierne sobre la democracia es cierta y evidente, de ahí la importancia que los 10 millones de colombianos que votamos contra Petro y sus retardatarias promesas comunistas, no dejemos de seguir ejerciendo una oposición civilizada, respetuosa y fundamentada, que evite que Colombia se convierta en una narcocracia, y que Petro y sus esbirros se perpetúen en el poder.
En menos de cinco meses de gobierno, Petro no ha hecho nada distinto que tratar de socavar la democracia, debilitar sus instituciones, fracturar la sociedad, desacelerar la economía y estimular la violencia.
Publicado: diciembre 19 de 2022
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.