Lo que hizo Claudia López con el pico y placa es una completa chambonada. Entre la improvisación y el odio al carro particular va a acabar con la movilidad de Bogotá. El problema de fondo no se soluciona y la gente termina pagando los platos rotos de las decisiones de una administración a la cual le quedó grande la ciudad.
En primer lugar, la Alcaldía trata de solucionar, a las patadas, un problema que ella misma creó. Todo el mundo advirtió hace un año que ampliar el pico y placa a todo el día iba a disparar la venta de vehículos. No por arrogancia ni oposición a López, sino porque ya había ocurrido en 2009 cuando Samuel Moreno hizo lo mismo. El parque automotor creció y los trancones empeoraron.
Pero claro, nadie en el Palacio Liévano quiso escuchar. El afán por ganarse el titular de los noticieros fue mayor al estudio técnico de la medida y ahora pretenden que los ciudadanos paguen las consecuencias de sus errores. ¡Que infamia!
En segundo lugar, el Distrito desmontó la única excepción que realmente servía para descongestionar las calles de la ciudad: el carro compartido. Una alternativa que aliviaba la carga del transporte público, hacía eficiente el uso del vehículo y cumplía con la función social de la que tanto habla esta administración.
Lo que pasa es que claro, como no representa un negocio y no fondea las cuentas de la Secretaría de Movilidad, no es rentable mantenerlo. Caso contrario a lo que sucede con el pico y placa, el pico y placa solidario, el incremento en las tarifas de los parqueaderos y las foto multas por exceso de velocidad, donde el Distrito dispone de toda su operación para perseguir como delincuentes a los dueños de los carros para multarlos a como de lugar.
De otra forma no se explican decisiones como disminuir el límite de velocidad a 50km en corredores principales como la 26, la 7ma o la Autopista Norte. En vez de mejorar la infraestructura de esas vías y hacer que las personas gasten menos tiempo en desplazamientos, el Distrito hace todo lo contrario. Establece un tope que, si se cumple, condena a los conductores a trayectos eternos y, si no se cumple, deriva en multas absurdas por ir a un ritmo que está lejos de ser rápido. En otras palabras, el ciudadano pierde con cara y con sello.
En tercer lugar, vale la pena preguntarse por qué las motos siguen exentas del pico y placa. La dureza de la administración contra los carros contrasta con la suavidad con que trata a las motos, a pesar que tambien contaminan, congestionan y causan más accidentes. Quizás lo que ha faltado en la ciudad para detener tanto abuso de la Alcaldía es que los dueños de los carros particulares se agrupen y actúen en bloque para defender sus legítimos intereses.
En cuarto lugar, reemplazar el carro particular por el transporte público debe ser una decisión y no una imposición. El Distrito tiene que dejar de criminalizar a los vehículos particulares y enfocarse más bien en mejorar la calidad del servicio de Transmilenio y el SITP, algo que, por ahora, está lejos de ser realidad.
Más aún cuando nadie se baja de su carro para usar un sistema de transporte público donde se incrementaron los hurtos de enero a octubre de este año en un 122.6% frente al 2021, las frecuencias son terriblemente lentas, la congestión en hora pico hace que las estaciones parezcan lotes de ganado y el asedio de vendedores y migrantes convierten los trayectos en unas verdaderas tragicomedias.
Hasta que eso no cambie, todo va a seguir igual. La solución no es hacerle la vida imposible a la gente, sino invertir en infraestructura, para lo cual sería bueno que la Alcaldía no tirara a la basura $1.2 billones en payasos y rondas infantiles en 2023 y destinara esos recursos para mejorar la malla vial de la ciudad. Algo que realmente es prioritario junto con el mejoramiento de la seguridad.
Publicado: diciembre 28 de 2022