La paz total no es otra cosa distinta a la impunidad total. La excarcelación ilegal de la primera línea es el primer paso de una política de rendición del Estado ante la criminalidad. Acudiendo a la lógica fallida de otorgarle beneficios a los bandidos a cambio de nada, esperando que por buena voluntad cesen su actividad ilícita, el Gobierno pone en grave riesgo la seguridad de todo el País.
Una situación alarmante que, de paso, envía un muy mal ejemplo a la sociedad. Los bandidos que paralizaron el País, que convirtieron el Portal Américas en una república independiente, que bloquearon al Valle del Cauca y que hicieron de Cali un frente de guerra, ahora gozarán de la libertad por el buen deseo del Presidente, quien desconoció al Congreso y expidió un Decreto sin estar facultado para hacerlo.
Porque claro, cuando el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de excarcelar este séquito de delincuentes en la Ley de Paz Total la reacción del legislativo fue aireada. Los partidos no se subieron a ese bus del despropósito y con una mayoría aplastante excluyeron esos artículos del texto final.
Por eso, causó extrañeza la reforzada maniobra jurídica que hizo el Gobierno para justificar la libertad de estos procesados. Argumentando unas facultades que no existen sacó el sombrero la posibilidad de designar como gestores de paz a los ángeles de la primera línea. Un grupo de terrorismo urbano que hizo lo que quizo, en gran parte, por la debilidad de la administración Duque, que, entre otras acciones inexplicables, tardó un mes para levantar los bloqueos en las carreteras. Algo que se debió haber hecho apenas se gestaban las primeras barricadas.
Y así como se pretende hacer con la primera línea, terminará sucediendo con el ELN y con cuánto grupo criminal quiera beneficiarse de la rendición del Estado. Como siempre ha ocurrido, la delincuencia utilizará la intención de negociar a todo costo para empoderarse militar y económicamente, mientras acceden a beneficios judiciales que no garantizan el cese de su actividad.
Una dinámica ingenua que se ha repetido de manera idéntica una y otra vez durante los últimos 40 años y que tiene su máxima expresión en lo que ocurrió con el proceso de La Habana. Las Farc prometieron colaborarle al Estado a desmontar el negocio del narcotráfico y seis años después nada ha pasado. No se entregaron las rutas ni se acabó con la droga. Por el contrario, los cultivos se dispararon y la producción de estupefacientes llegó a máximos históricos. Y ni qué hablar de la devolución de los niños reclutados o la entrega de curules sin pasar un solo día en la cárcel.
Esa es la paz total. Toda la delincuencia libre. La justicia pasa a ser un actor insignificante en el Estado y la impunidad continuará fungiendo como partera de nuevas violencias. No habrá sanciones para quienes violen la ley y ninguna garantía tendrán los ciudadanos de bien. Será más rentable delinquir que crear empresa y hacer lo correcto equivaldrá a nadar contra la corriente.
Publicado: diciembre 21 de 2022