Es alarmante lo que ha venido ocurriendo las últimas semanas en el País en materia de violencia contra la mujer. Varias violaciones en transporte público, una menor asesinada a las afueras del colegio, una mujer empalada y otra brutalmente golpeada por su ex pareja. Pareciera haber un fenómeno generalizado de agresiones sin forma de detenerse.
Una cruda situación que se suma a las ya preocupantes cifras de impunidad de feminicidios. Del total de investigaciones, apenas el 7.17% se encuentra en ejecución de penas y el 44% está en indagación. Es decir, son muy pocos los casos que realmente avanzan.
Mientras tanto, de enero a septiembre de este año el sistema de salud reportó un incremento del 22% en las atenciones a víctimas de violencia de género, llegando a una cifra total de 92.668 casos, de los cuales 44.484 corresponden a violencia física, 21.242 a violencia sexual, 15.477 a negligencia y abandono y 8.565 a violencia psicológica.
Además, se estima que de las 511 mujeres que fallecieron en el País en el primer semestre, 140 fueron víctimas de agresiones por razones de género. Y por si esto no fuere suficiente, Medicina Legal reporta que el 30.2% de las lesiones no fatales que se han registrado en lo corrido del año corresponden a violencia intrafamiliar.
Puntualmente, 30.492 casos de violencia de pareja, 8.792 de violencia entre familiares, 4.434 de violencia contra niños y adolescentes y 1.754 de violencia contra el adulto mayor.
Lo peor de todo, es que hay legislación de sobra para prevenir y castigar estos eventos, pero de poco o nada sirve. Los delitos están, las facultades de investigación y juzgamiento permanecen intactas y los recursos se giran anualmente, pero muy poco cambia.
Las mujeres se siguen sintiendo inseguras en el transporte público y los hogares muchas veces terminan siendo prisiones de las cuales no pueden escapar. El accionar del Estado es insuficiente y extremadamente lento y la sociedad a veces pareciera preferir mirar hacia otro lado.
Por eso, es urgente que se estructure una robusta política pública de prevención de violencia contra la mujer. No desde un enfoque radical que desvíe la atención a las discusiones contra el patriarcado o de odio contra los hombres, sino de protección a las mujeres, quienes deben tener la posibilidad de acudir a una instancia rápida y eficaz que las proteja cuando se sientan en riesgo.
Y claro, de nada sirve una política de esta naturaleza si no va acompañada de un fuerte proceso de sensibilización que involucre a la sociedad en esta causa común. La indiferencia no se puede normalizar. Los vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo son la primera red de apoyo a la cual se debe acudir y que, muchas veces, termina siendo determinante para salvar vidas mientras interviene la autoridad estatal.
Publicado: noviembre 12 de 2022
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