Faltan diez días para que se cumpla el plazo que tenían las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para poner en funcionamiento las turbinas 1 y 2 de la central hidroeléctrica más grande del país, Hidroituango, sin tener que afrontar la onerosa multa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero todo indica que hay gente interesada en meterle al proyecto palos a la rueda para que este no entre en funcionamiento con nefastas consecuencias para Medellín, Antioquia y Colombia.
¿Exagerado decirlo? Ojalá nos equivoquemos, pero quien no se equivoca es el ingeniero William Giraldo, el hombre que está al frente de la puesta a punto de la central, quien informó a principios de este mes que las pruebas se habían llevado a cabo con resultados satisfactorios y que todo estaba listo para la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.
Entonces, ¿por qué el alcalde ‘Pinturita’ Quintero y el gerente de EPM quieren que se prorrogue el plazo a pesar de que la CREG ha sugerido en todos los tonos que no levantará la multa a la que se haría acreedora la empresa de servicios tasada en 170 millones de dólares más 65 millones de dólares anuales durante 18 años, para un total de 1.340 millones de dólares que a 5.000 pesitos equivalen a 6,7 billones de pesos?
Es decir, un verdadero desangre si consideramos que la aseguradora Mapfre solo pagó 983 millones de dólares (cuando el dólar estaba a cerca de $ 4.000, para un total de $ 3,9 billones) por los daños del proyecto, dejando a todos muy contentos, y que no se sabe cuándo se instalaran las turbinas 3 y 4, y mucho menos los cuatro generadores restantes, cuya viabilidad está puesta en duda. Se ha dicho que el proyecto completo, con sus 2.400 megavatios de generación, le daría a las EPM una ganancia del orden de los 1,5 billones anuales; o sea cerca de $ 200.000 millones por cada turbina. Pero si la multa anual es de $ 325.000 millones, quiere decir que Hidroituango solo es un buen negocio si se termina en toda su dimensión y se evitan las multas, pues habrá que dedicar sus rendimientos iniciales durante varios años para pagar la deuda: 18 billones de pesos que es el costo total de la obra, incluyendo los daños, los cuales fueron obtenidos mediante créditos del BID y de bancos europeos.
Lamentablemente, se cierne un riesgo peor porque aparte de que ciertos personajes pareciera que no desean llevar a feliz término la megaobra, y quisieran hundir en deudas la empresa que ha sido el orgullo de los antioqueños, cuya solidez se ha evaporado en tres años que lleva Quintero, el peligro está en que, si el ambientalismo retrógrado de izquierda que se tomó el país invoca el Acuerdo de Escazú, la central de Hidroituango podría ser cancelada, abolida, extinguida o suprimida.
Por desgracia, hay un video de hace unos años en el que Petro afirma que la central de Hidroituango ‘no tiene futuro y que hay que desembalsarla, que ya esa plata se perdió y que no hay nada que hacer’. Hace unos días, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dijo que Hidroituango nunca sería una obra estable y que siempre constituiría una amenaza para las comunidades aguas abajo, a pesar de que la central está dotada de cientos de sensores, desde los tiempos de la contingencia de 2018, que han demostrado que no han existido riesgos ni por pasar el agua por la casa de máquinas ni por el vertedero. Solo ahora surge la conveniente teoría de que las turbinas harían temblar el macizo rocoso, un cuento muy similar al de los presuntos terremotos que ocasiona el fracking.
A finales de 2010, EPM suspendió el proyecto Porce IV (400 megavatios) luego de que las mismas Farc hubieran movilizado comunidades para que reclamaran predios, pasando de las 2.799 personas censadas a más de 14.000. Por su parte, Hidroituango ha tenido enemigos desde el principio, destacándose la arremetida de una ONG cercana a las Farc, llamada ‘Ríos Vivos’, que ha demandado su construcción con el argumento de que la zona es un cementerio de víctimas de los paramilitares donde hay cientos de cuerpos y que el megaproyecto solo se ejecutó con el fin de sepultar para siempre la verdad.
Para los regímenes comunistas, afectar el sistema energético es fundamental, siendo la forma más eficaz de disminuir la actividad industrial y productiva. Mucho más para un individuo como Petro, que quiere acabar con todo. Chávez lo hizo en Venezuela arruinando la famosa hidroeléctrica de Guri (10.000 megavatios; 4 veces Hidroituango), a partir de lo cual la intermitencia eléctrica en ese país es permanente. Desembalsar a Hidroituango sería como darle un tiro de gracia a un moribundo: costaría otros 10 o 15 billones sin contraprestación alguna, lo que significaría la quiebra de las EPM, de la ciudad y del departamento. Se elevarían las tarifas en todo el país. Caeríamos en fuertes racionamientos por el esperado fenómeno del Niño. Se haría urgente la instalación de termoeléctricas que funcionan con gas, carbón o petróleo, los «venenos» que el camarada presidente quiere acabar… En fin.
Para transitar por el camino del decrecimiento, no hay mejor forma que carecer de energía. Ya hemos visto los ataques a Ecopetrol; ahora son las EPM las que están en la mira.
Publicado: noviembre 22 de 2022
4.5