Desde el mismo instante en el que la cancillería colombiana emitió un comunicado de prensa anunciando que dos personas habían sido retiradas fulminantemente de la comitiva que acompañó a Gustavo Petro a Egipto, se puso en marcha una preocupante operación para ocultar los hechos ocurridos en Sharm-El Sheikh, ciudad en la que se desarrolló la conferencia sobre el cambio climático, denominada COP 27.
Según el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las Naciones Unidas informaron sobre “la denuncia contra dos miembros de la delegación oficial del país en este evento [COP 27], por presunto acoso sexual”.
Al utilizar la expresión “delegación oficial”, es evidente que se trataría de personas del gobierno de Gustavo Petro.
Desde la presidencia, una asistente de Petro, Laura Sarabia -recomendada de Armando Benedetti- se encargó de contradecir a la cancillería al expresar a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “La delegación de Colombia en la COP 27 eran más de 200 personas, entre ellos empresarios, representantes de ONG, líderes sociales, etc. Todos viajaron con recursos propios. Los acusados no eran de la comitiva presidencial, no viajaron con el Presidente ni eran funcionarios”.
Si no eran funcionarios como indica la Sarabia, entonces ¿por qué el ministerio de Relaciones Exteriores asegura que los involucrados en el bochornoso episodio de acoso sexual eran miembros de la delegación oficial?
El manto de misterio con el que el gobierno ha cubierto este asunto ha estimulado las especulaciones. Se ha optado por mantener en secreto los nombres de los involucrados alegando que los señalados acosadores sexuales tienen derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Los argumentos son razonables, pero la manera como se ha manejado el asunto desde el alto gobierno tiene un inocultable e insoportable tufo de tapen-tapen.
La cancillería dice una cosa, la asistente Sarabia otra, la uruguaya viceministra de Relaciones Exteriores Laura Gil también dice lo suyo, y el ministro del Interior, el cuestionado Alfonso Prada -quien funge como vocero único del gobierno- también expuso su teoría. En todos los casos, las versiones son distintas.
Según Prada “las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria”.
A renglón seguido, el ministro-portavoz afirmó que es posible que se tratara de una impostura al decir que “…verificamos plenamente que esa persona no viajó nunca a la COP 27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente”.
Podría concluirse entonces que, siguiendo el razonamiento de Prada, la cancillería de Petro está difamando al gobierno de Petro.
A las 2.32 de la tarde del 12 de noviembre, el ministerio de Relaciones Exteriores emitió el comunicado en cuestión. A las 10.52 de la noche de ese día, Laura Sarabia salió con la versión de que los involucrados no tienen ninguna relación con el gobierno. Nueve minutos más tarde, Petro escribió que “esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no (sic) de la presidencia, ni funcionarios públicos”.
Y una hora y media más tarde, a las 12.05 de la madrugada del 13 de noviembre, Prada se pronunció a través de su cuenta de Twitter esgrimiendo la tesis de la difamación y de la impostura
Lo cierto es que el cruce de versiones puso sobre la mesa un hecho que es desconcertante: Petro se hizo acompañar por 201 personas a una reunión internacional en la que Colombia ni era protagonista ni era país invitado de honor. La Casa de Nariño se apresuró a decir que las personas que viajaron lo hicieron por cuenta propia. ¿Todos? ¿Quiénes estuvieron en el avión presidencial? ¿Cuántos de los 201 fueron por cuenta del gobierno? ¿Cuántos continuaron el paseo y acompañaron a Petro a Paris?
Aún faltan muchos capítulos por conocer de la historia del faraónico viaje a Egipto, y la verdad saldrá a flote más temprano que tarde.
Publicado: noviembre 15 de 2022
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