Finalmente el Congreso aprobó en cuarto debate el peligroso Acuerdo de Escazú. Un capricho del ambientalismo radical que agravará la ya maltrecha inseguridad jurídica que azota los proyectos de inversión y frenará la llegada de recursos a cientos de municipios que tanto requieren flujos de capital.
Una trágica realidad que inició con la inexplicable decisión del Gobierno Duque de suscribir ese Acuerdo en 2019 y presentarlo en dos ocasiones al legislativo para su ratificación. Algo que sinceramente no se entiende y que abrió las puertas para ver lo que estamos viendo hoy.
Y sí, durante la administración anterior no se logró su aprobación, pero el daño ya estaba hecho. Con la victoria de Petro era cuestión de tiempo para que el proyecto reviviera en el Capitolio y las mayorías oficialistas lo impusieran como un inamovible de la agenda legislativa.
Ahora, las ONG que dependen financieramente de las demandas que interpongan contra el Estado tendrán una mina de oro gracias a las prerrogativas que les concede el Acuerdo y que les permitirá, además de someter a la Nación a una eterna litigiosidad en escenarios internacionales, sabotear cualquier proyecto de impacto a través de interminables peticiones de información.
Mientras tanto, el panorama para los inverionistas no podría ser peor. Como si no bastara el desastre que significan las consultas previas, que terminan paralizando prácticamente cualquier proyecto en una dinámica propia de una extorsión, ahora los empresarios y las entidades tendrán que someterse a una jurisdicción ambiental que, entre otras perlas, tiene una legitimación activa amplia, se invirte la carga de la prueba y se permite el decreto de medidas cautelares.
Además, es completamente falso que este Acuerdo garantizará la seguridad de los líderes ambientales. Tal dinámica no depende de ratificar o no un instrumento internacional que mina la soberanía de la Nación, sino de las capacidades operativas de las entidades del Gobierno encargadas de tal labor.
De hecho, en este campo la labor de la UNP no ha sido menor. Ratificar Escazú no incrementará su presupuesto ni le otorgará mayores facultades a las que actualmente tiene. En esencia, nada cambiará.
Y, por si lo anterior no fuera suficiente, el Acuerdo pretende garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Es decir, las solicitudes de intervención se convertirán, al igual que las múltiples peticiones de información y las consultas previas, en un mecanismo a través del cual se sabotearán los proyectos.
Mal, todo mal.
Publicado: octubre 12 de 2022
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