Lastimosamente muchas universidades públicas de Bogotá se han convertido en fortines de unos cuantos agitadores que, sin consideración a sus compañeros o a los estudiantes (porque a veces ni pertenecen a la institución), arman tropel sin motivo alguno y emprenden una lucha campal contra la Policía Nacional a costa del orden, la tranquilidad y los bienes públicos y privados de la ciudad.
Históricamente las universidades públicas y también las privadas, han sido espacios de manifestaciones, muchas pacíficas, como dicta y protege la Ley, pero también de caóticas asonadas, desmanes o como se le quiera llamar a los diferentes tipos de eventos que perturban sin justificación el orden público.
Para muchos, y sobre todo para buena parte de los que hoy gobiernan, el hecho de que la ‘protesta’ conlleve acciones violentas, de vandalismo o terrorismo es aceptable y justificado. Es más, varias credenciales electas y fuertes opinadores fomentan e incitan a que esto suceda y hasta defienden a cabalidad los daños o perjuicios que estos eventos ocasionen a la sociedad o a terceros como si fueran males necesarios que debemos soportar.
Además, porque esos mismos ‘defensores de la causa’ son los que se han encargado durante años de normalizar lo indefendible y volver casi que políticamente imposible que un mandatario o, inclusive, un rector, sea de la ideología que sea, intervenga o tome medidas contundentes para evitar que estos colectivos o agitadores -muchos financiados por grupos subversivos- destruyan las instituciones educativas, afecten a los buenos estudiantes y acaben con la ciudad.
No es normal que sea de conocimiento general y estemos obligados a aceptar sin poder hacer nada al respecto, que el panorama mensual o a veces semanal para los bogotanos sean disturbios por cualquier motivo, como sucedió en la catedral primada o en la Universidad Pedagógica en los últimos días, y que por ello, nos veamos todos y la capital perjudicados.
Por eso creo que estamos en una situación extorsiva, donde la falta de carácter de los alcaldes y rectores ha logrado, sumado a una cínica pero eficaz protección de una parte de la prensa, políticos de izquierda que cada día buscan maniatar aún más las capacidades de la Policía, jueces y fiscales permisivos y elocuentes opinadores que silencian a cualquier persona que hable en contra de esta realidad, llevar al Estado a la completa inacción y, por ende, a la vulnerabilidad total de la ciudadanía.
Es un tema vetado, que nadie busca abordar por temor a los mismos violentos y a los pseudo moralistas que arrojan a la hoguera pública todo aquel, como estoy haciendo en esta columna, se atreva a decir: ¡No más! Hasta el ministro Ozuna, siendo parte de estos ‘defensores’ del caos, nos aclaró en recientes entrevistas que “quienes queman un bus, una casa o matan a alguien, serán castigados, pero no son terroristas. Tienen derecho a estar furiosos.”
Como siempre, la izquierda, preocupada más por el bienestar del criminal que en el de las víctimas. Vamos con impulso al despeñadero.
Publicado: octubre 13 de 2022
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