Durante décadas Petro se ha dedicado a sembrar el odio en Colombia. Odio hacia todo lo que no se ajuste a su ideología de extrema izquierda. Como candidato en 2018 y 2022 hizo serias advertencias -amenazas- contra los propietarios de lo que él llama “latifundios”.
Uno de sus principales objetivos es el grupo integrado por la familia Ardila, propietaria de tierras para el cultivo de caña. Lo dijo sin sonrojarse en 2018: los predios de Incauca debían ser expropiados. Y esa fue la primera piedra sobre la que se erigió el discurso expropiador que se convirtió en una lamentable realidad.
Desde la posesión de Petro, comenzó la despiadada invasión de tierras. El discurso de venganza contra los dueños caló y se convirtió en una patente para que delincuentes de todos los rincones del país montaran cambuches en predios que no les pertenece.
Lenin graduó a los dueños de la tierra -los kulaks- como los peores “enemigos del pueblo” y en consecuencia desató la campaña de colectivización -“deskulakquización”- que desembocó en la eliminación de la propiedad privada, no sin antes aniquilar a cientos de miles de personas en cuyas manos estaban los títulos de propiedad.
Las autoridades colombianas han volteado la mirada frente a los casos de invasión de tierras. En un mes y medio de gobierno miles de hectáreas han sido invadidas. Asentamientos ilegales a lo largo y ancho del país; uno de ellos lleva el nombre de Gustavo Petro. Un homenaje al hombre que abrió la puerta para la expropiación forzada de tierras.
El precepto constitucional contenido en el artículo 58 es letra muerta. Dice la Carta que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores…”.
Los dueños de la tierra están abandonados a su suerte. Pero no son los únicos. Hoy la pesadilla la viven ellos, pero mañana la sufrirá cualquier persona que tenga propiedad sobre un inmueble, sin importar si es rural o urbano. No sorprendería que en cualquier momento surja la noticia de que un grupo de furiosos invasores entren a la fuerza a una casa o un apartamento en alguna ciudad de Colombia alegando el cobro, por mano propia, de una “deuda ancestral”.
Nada de lo que está registrándose en Colombia puede generar sorpresa. Todo estaba previsto y preavisado. Se sabía que iba a suceder. Algunos alegan que sí, pero que no creían que iba a ser tan rápido. Qué más da. Lo cierto es que está ocurriendo.
La propiedad hoy no vale nada en Colombia. Los facinerosos están empoderados cobrando deudas ancestrales, figura que se ha convertido en el caballito de batalla de los usurpadores que operan con el beneplácito de un gobierno socialcomunista que llegó al poder con el ánimo de perseguir, de acosar, de destrozar a los opositores.
Sobran las lágrimas de cocodrilo y las lamentaciones. Quienes ostentan el poder en Colombia son gentes de la más sucia calaña que se regodea y festeja la catástrofe. Menos de sesenta días de gobierno y la situación es insostenible.
Publicado: septiembre 22 de 2022
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