Uno de logros de la Constitución de 1991 fue darles altura constitucional a los servicios públicos domiciliarios. “Los servicios públicos son inherentes al a los fines del estado…”,reza en el artículo 365. Es importante recordar esta obviedad en este momento cuando se abre el debate de los altos costos de la tarifa del servicio de energía y la posibilidad de intervenir la CREG por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cuando la Constitución Política les dio rango constitucional a los servicios públicos domiciliarios, lo hizo con el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas (de los usuarios, dirán los técnicos), y garantizar que, con el nuevo orden constitucional, los servicios públicos domiciliarios tengan como fin la calidad, cobertura, atención prioritaria, continuidad, eficiencia, y libertad de competencia para impedir monopolios.
Para lograr esos fines, la Constitución ordenó entre otras cosas que, los servicios públicos estén sujetos a un régimen jurídico – la ley 142/94-, con control, vigilancia, y regulación estatal, que tengan prioridad en los presupuestos y planes del Estado, y fijó responsabilidades en la prestación del servicio, comenzando por los municipios. El orden constitucional también definió que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen derechos y deberes. Y para regular toda esta estructura y operación, creó la Superintendencia de Servicios Domiciliarios.
Gracias a lo anterior, el país logró que más del 95% de las casas urbanas tengan el servicio de gas natural -y aseo-, que reemplazó al gas propano o cilindro de gas, querosene, gasolina, carbón o leña, utilizados en el pasado para la cocción de alimentos. El gas natural es la conquista ambiental más poderosa de las últimas décadas. También redujo las enfermedades respiratorias y las tragedias y accidentes caseros.
Otro logro poderoso del esquema actual de los servicios públicos domiciliarios es haber llevado energía eléctrica a los rincones más apartados de la ruralidad colombiana; la cobertura actual está por encima del 85%. Y quién puede objetar los avance significativos en suministro de agua potable y saneamiento básico. La mayoría de las ciudades capitales e intermedias tienen cobertura de agua potable cercana al 90%. Tenemos dificultades en cobertura y potabilidad del agua en la ruralidad, debido a la topografía, costos, falta de planeación y estudios por parte de entidades responsables.
Colombia tiene a las mejores empresas de servicios públicos de Latinoamérica. EPM, ISA, Grupo de Energía de Bogotá, Enel, Acueducto de Bucaramanga, entre otras, son ejemplo de lo que podemos construir y lograr si avanzamos bajo las mismas reglas y con los equipos humanos adecuados. Claro que existen dificultades en la prestación y operación en diferentes municipios, especialmente en la costa caribe y el litoral pacifico, pero eso es causa de la politiquería e importaculismo que reina en esos territorios.
Por estos días comienza a crecer la tesis de que tenemos las tarifas más altas de energía eléctrica. La mecha la prendió la costa caribe. No es un secreto que en esta región se impuso la cultura de no pago, por eso quebró Electricaribe -operador español-. Para resolver el grave problema de prestación de servicio de energía en la costa caribe el gobierno nacional, el de Duque, le entregó la operación a EPM.
La operación de EPM funciona en todas las regiones de Colombia. En el único lugar que parece no podrá operar es en la costa caribe. El motivo: la gente sigue con la cultura de no pago, robo de energía, lo que genera perdida de energía, la mejor pala para cavar el hueco negro en las finanzas de la empresa.
EPM es la única empresa que puede solucionar el problema de suministro, continuidad y calidad en la prestación de energía en las costa caribe, pero se necesita del concurso de la comunidad, gremios, academia, gobernantes. Si los lideres de la costa caribe tienen doble agenda para quedar bien con sus coterráneos, negando por un lado la cultura de no pago y robo de energía, y por otro lado exigiendo mejores tarifas y servicios, con amenazas de protestas, marchas y bloqueos, van a llevar al país a un colapso energético y a un seguro apagón como el vivido en el gobierno del presidente Gaviria.
El tema de los servicios públicos domiciliarios exige algo inamovible para lograr su propósito constitucional: cero populismo, responsabilidad empresarial y cultura de pago. Si tiramos eso a la basura para darle tarima a los discursos ideológicos que despiertan aplausos entre la turba, pronto estaremos lamentando no haber entendido que lo bueno cuesta, y lo que lo que no cuesta se hace fiesta.
Publicado: septiembre 14 de 2022
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