Colombia garantiza la libertad como derecho fundamental en la Constitución. Desde 1812 en Cartagena, por lo menos teóricamente, se deja clara la abolición de la esclavitud, se garantiza la libertad de los afrodescendientes. Hoy nos ufanamos de ser una nación libre y soberana cuando en realidad padecemos la peor de las esclavitudes: el reclutamiento, que conlleva en si mismo: la trata de personas, el trabajo forzado, la utilización, la explotación sexual y otras actividades abominables de nuestros niñas, niños y adolescentes.
Culminó el “acuerdo de paz” de Santos y el flagelo del reclutamiento fue tratado de manera superficial, nunca nos devolvieron la totalidad de los niños, miles de familias aún buscan desesperadamente a sus hijos. Más grave todavía es, que este delito se continuó cometiendo en pleno proceso de paz y se continúa llevando a cabo actualmente, ni la pandemia logró que esta práctica abominable dejara de realizarse en el territorio nacional.
Luego la JEP tímidamente, casi obligada por la presión que realice en compañía de Herbin Hoyos, abre investigación sobre el caso 07, es decir, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado que abarca los hechos desde 1971 hasta el 2016. El desinterés ha sido notorio, a pesar de que ya se estableció que las FARC recluto 18.667 niños, niñas y adolecentes, no se ha dictado ninguna sentencia al día de hoy. Como he dicho en múltiples escenarios, los niños reclutados son víctimas silenciosas, muchas veces invisibles. Sabemos que existen, pero no los conocemos.
Preocupa que en este “nuevo proceso de paz” que comienza tampoco se exija al grupo terroristas del ELN, ni la liberación de los niños en poder de esa guerrilla, ni el cese definitivo de esta practica que vulnera los derechos de los menores, sus familias y de sociedad en general. Espero que no se cometan los mismos errores que se dieron con las FARC, no se puede premiar al victimario y revictimizar a la victima. El ELN es el segundo grupo armado al margen de la ley que más niños y niñas a reclutado en nuestra patria. Las cifras son escalofriantes. Entre 1971 y el 2016 han identificado 5252 víctimas de reclutamiento de las FARC y 930 del ELN. El ICBF por su parte reporta haber prestado atención a 6.748 niños desvinculados de diferentes grupos armados. Entre el 2011 y el 2016 en pleno proceso de paz hay 1458 casos por parte de las FARC. De acuerdo con la JEP este fenómeno cuenta con el más alto nivel de impunidad, pues de 4.219 investigaciones que aparecen en los sistemas de información de la fiscalía, apenas se dictaron 10 sentencias condenatorias. Es claro para todos que el delito de reclutamiento es imprescriptible y que no puede ser amnistiado ni indultado, por lo tanto, si la justicia colombiana no opera, no descansare hasta ver a los responsables de este crimen atroz, tras las rejas, acudiré a la Corte Penal Internacional para que asuma la competencia de juzgar. Continuaré entregando periódicamente informes a la comunidad internacional de la situación que vive Colombia frente a este crimen.
Ningún niño sueña con ser terrorista, arrebatarles sus libros, sus juguetes para convertirlos en escudos humanos, en esclavos sexuales, en maquinas de guerra. Es inaceptable y condena a la sociedad, que es permisiva con esta práctica deleznable, a vivir en una elipse eterna de violencia. El reclutamiento es el peor flagelo que puede vivir una sociedad. Manos a la obra, todos alcemos la voz para exigir la condena de los responsables de este delito y la erradicación de este del territorio nacional, solo así podemos pensar en vivir en paz, con nuestros hijos a salvo.
Publicado: septiembre 5 de 2022
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