Si había un tema que podía barajarle la presidencia a Gustavo Petro era el sentimiento que tenían los colombianos acerca de la expropiación, del no respeto por la propiedad privada. Seguía bastante fresco el recuerdo de ese video de Chávez, su amigo, caminando por las calles de Caracas apuntando con el dedo locales comerciales diciendo exprópiese.
Tan fue así que con su vicepresidente hizo un acto protocolario en una notaria donde firmó que no iba a expropiar, que respetaría lo privado, muchos no le creímos, pero los colombianos confiaron en él y votaron.
Adicionalmente durante la campaña advertimos un cambio de discurso. Cambió la palabra expropiación por democratización. Para muchos quedó siempre el tufillo de lo que nos venía pierna arriba.
Cuando empezó el gobierno, con los primeros nombramientos se empezó a labrar el camino de las expropiaciones, nombró como director de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras a Rangel Giovani Yule Zape, indígena, activista y líder del movimiento durante las movilizaciones violentas del 2019.
Con todos estos antecedentes había quienes pensaban que no iba a pasar nada. Muy ilusos. Simplemente se estaban sentando las bases para lograr lo que desde el principio tenía planeado: expropiaciones en cuerpo ajeno, que los indígenas y otros grupos de activistas empezaran a invadir propiedades y tomárselas, y que el gobierno fuera indiferente al tema (aunque por presión el ministro de Defensa habló de responder a las 48 horas por la fuerza; no ha pasado nada y ya van más de 100 invasiones en diferentes departamentos del país). Inclusive la ministra de Agricultura habló que la manera para dirimir estas invasiones era dialogando, como si se pudiera dialogar con alguien que usurpa la propiedad de otro.
Con solo un mes larguito de gobierno se ha creado una bomba, las invasiones crecen diariamente, ya no solo en sectores rurales sino también en áreas urbanas, y el gobierno calla porque al parecer está de acuerdo. Este fenómeno tiene un parecido al movimiento español de los Okupas, que no son más que usurpadores de la propiedad privada, ladrones.
Social y económicamente estamos parados frente a un polvorín. Por un lado, la inversión se puede ir para el piso, lo mismo el empleo, si no se respeta la propiedad privada. Pero también seguramente habrá un aumento de la violencia. Existe un riesgo latente que se creen asociaciones de propietarios que quieran defenderse y proteger sus bienes mientras que los que lo deben hacer se hacen los de la vista gorda.
Pero si a nivel de inmuebles la situación está grave, la expropiación del ahorro pensional individual también. Dentro de la reforma pensional Petro habla de trasladar parte de los fondos que tenemos los colombianos en los fondos privados a Colpensiones para repartirlos en quienes no han cotizado. Un robo a mano armada. Esto ya lo vimos en Argentina donde fue un verdadero fiasco.
No podemos más que estar alarmados con lo que está pasando. El irrespeto por los bienes de cada uno de los colombianos es inadmisible e inconstitucional. Que no se respete la propiedad privada, los bienes y el ahorro de colombianos es el primer paso para la hecatombe.
Publicado: septiembre 19 de 2022
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