No es dificil entender por qué Chile rechazó una Constitución radical, revanchista y enemiga de la propiedad privada que marca el fracaso del Gobierno Boric. La incapacidad para lograr acuerdos y la inexperiencia de los promotores pavimentó el camino para que los chilenos negaran, de forma descomunal, el texto propuesto.
La Constitución de 1980 emergió en el contexto de un dictadura, sí, pero está lejos de ser una camisa de fuerza irreformable que tenga condenado a Chile a la miseria. De hecho, desde su promulgación hasta la fecha ha sido reformada en 60 ocasiones, incluyendo la enmienda de 2005 que introdujo 129 artículos. Y ni qué hablar de los resultados económicos de este texto.
En las últimas cuatro décadas Chile logró triplicar su PIB per capita al pasar de US$5.172 en 1980 a US$ 15.091 en 2019, disminuir su inflación del 25% en los 60´s a menos del 5% en promedio desde 1996 hasta la fecha, tener una tasa de desempleo de un dígito por más de veinte años, registrar una tasa de tributación total del 34%, una de las más competitivas del mundo, y un endeudamiento del 27.7% del PIB antes de la pandemia.
Unos registros que cualquier País añoraría y que son el resultado de un modelo liberal donde el Estado asume un rol secundario y el mercado es el encargado de generar el desarrollo. Algo que la izquierda no ha sido capaz de digerir, a tal punto que sacar adelante una nueva Constitución se convirtió en una lucha de honor para esta corriente.
El problema es que gobernar no es tan sencillo como tirar piedra, incinerar buses y promover el caos. Y eso es algo que la izquierda está aprendiendo a las malas. Su arrogancia e inexperiencia los llevó a imponer un articulado que promovió un desbordado estatismo y desconoció por completo las legitimas preocupaciones de la oposición, los gremios y el sector privado.
Una dinámica que puede que tenga éxito en una coyuntura legislativa, pero que condena al fracaso al proceso constituyente. Sin acuerdos, sin puntos medios y con una desmesurada sed de venganza, la derrota en las urnas de la nueva Carta Magna estaba más que cantada.
Además, Boric, de manera semejante a como hizo erráticamente Santos con el proceso de La Habana, centró toda la agenda del Gobierno en sacar adelante la Constitución. Una decisión que cercenó la independencia del proceso constituyente y terminó convirtiendo el plebiscito en una especie de refrendación a la gestión de un Presidente con unos índices de favorabilidad demasiado bajos.
En últimas, la nueva Constitución no terminó siendo un gran acuerdo nacional, sino un programa más del Gobierno. El norte de una administración que fue incapaz de abordar otros temas, que ahora se quedó sin agenda y que, de promover una nueva constituyente desde cero, perderá todo su mandato en esta discusión sin lograr resultados concretos.
Publicado: septiembre 7 de 2022
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